Ya faltó a dos indagatorias en la causa que se le sigue por blanqueo de activos en Uruguay, por lo tanto, la justicia uruguaya pidió su captura. Sus abogados dicen que está dispuesto a declarar, pero en la Argentina. Así cualquiera.
La justicia uruguaya ordenó la detención del presunto testaferro del vicepresidente Amado Honesty Boudou, Alejandro Vandenbroele, por su reiterada negativa a presentarse en Montevideo a defenderse de las sospechas por lavado de activos que lo rodean en ese país. La orden de detención se sumó así al pedido de extradición que dispuso el juez penal en Crimen Organizado Néstor Valetti. Lo ordenó luego de que Vandenbroele faltara dos veces a las citaciones indagatorias en las que debía explicar una transferencia desde Uruguay con la que financió a The Old Fund y tomó el control de la ex Ciccone Calcográfica.
De este modo, si Vandenbroele ingresara a territorio uruguayo como otros miles de turistas argentinos durante la temporada de verano quedaría detenido en el acto. El único rostro visible de The Old Fund optó, sin embargo, por refugiarse en Mendoza durante el verano, donde cumple con el régimen de visitas de la hija menor de edad que tuvo con su ex mujer Laura Muñoz.
Procesado por el juez federal Ariel Lijo como presunto partícipe necesario de Boudou y de su socio José María Núñez Carmona en los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles y a la espera de una decisión de la Cámara Federal de Apelaciones, Vandenbroele sobrellevó contratiempos públicos durante los últimos meses. El último, en una plaza de Mendoza, donde afrontó las recriminaciones de quienes lo reconocieron.
En Uruguay, Valetti y el fiscal Juan Bautista Gómez pretenden que explique el origen de los US$ 620.000 que la sociedad Dusbel SA transfirió en bonos y desde Montevideo a una cuenta bancaria de The Old Fund en la Argentina. El 2 de febrero del año pasado Vandenbroele faltó a la primera cita judicial. Planteó que el juez en lo Comercial Javier Cosentino había decretado su prohibición de salir de la Argentina hasta el 5 de mayo al decretar, otra vez, la quiebra de la ex Ciccone. Casi siete meses después, el 28 de agosto, el ex abogado monotributista faltó por segunda vez a su indagatoria en Montevideo. Su defensor, Germán Soria, dijo que Vandenbroele estaba "dispuesto a colaborar con la justicia uruguaya", pero pidió declarar en un tribunal argentino.
El juez Valetti y el fiscal Gómez rechazaron ese planteo -las leyes uruguayas lo habilitan para los testigos, pero no para los indagados-, por lo que el magistrado resolvió pedir su extradición a las autoridades argentinas por vía diplomática.
La justicia uruguaya centra las sospechas de lavado en Dusbel, la sociedad anónima en la que Vandenbroele figura como "beneficiario final", según consta en documentos oficiales de ese país. Por eso, Valetti también ordenó congelar todas las cuentas de Dusbel en Uruguay. La pesquisa uruguaya comenzó poco después de que, el 17 de marzo de 2012, LA NACION revelara el rol que Dusbel asumió en la red de sociedades detrás de la ex Ciccone.
Dusbel se había quedado con la mitad de las acciones de The Old Fund a fines de octubre de 2010, pese a que la sociedad uruguaya aún no había completado el trámite de radicación en la Argentina.
Esa radicación inconclusa no le impidió a Dusbel participar en la asamblea extraordinaria de accionistas que The Old Fund celebró el 29 de octubre de 2010 en el microcentro porteño, mientras se desarrollaba el velatorio del ex presidente Néstor Kirchner. Y a cambio de aportar US$ 620.000 pasó a controlar el 50% de las acciones de The Old Fund, dueña a su vez del 70% de la ex Ciccone.
La unidad antilavado uruguaya, que depende de su Banco Central (BCU), analizó los registros y movimientos de Dusbel en su país, estimó que presentaban "apariencia delictiva" y el 17 de abril de 2012 solicitó a la Justicia que abriera una investigación por "lavado de activos".
Vandenbroele ya dio una explicación sobre Dusbel en los tribunales argentinos. Fue a fines de 2012, cuando presentó un escrito ante el juez Lijo, en el que adjudicó esos US$ 620.000 a Mayer Business Corporation, una sociedad panameña del ex banquero Raúl Moneta.
Sin embargo, la reconstrucción de esa transferencia muestra varios puntos oscuros. Entre otros, que en la operatoria de los US$ 620.000 participó P. T. Bex Bursátil, una firma uruguaya a la que también recurrieron el ex tesorero del Partido Popular (PP) español Luis Bárcenas para mover más de US$ 19 millones ilegales, y el financista amigo de Lázaro Báez Ernesto Clarens.
