Las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, las dos mayores empresas de ese rubro en el país, están atravesando una crisis inédita. Los próximos dos meses serán el tiempo de descuento de un partido que comenzaron a jugar hace una década y cuyo marcador les resulta, hasta ahora, completamente adverso.
Con resultados económicos que arrojan pérdidas millonarias, aumentos de costos por la inflación e ingresos congelados debido al retraso tarifario (hay boletas que no se tocan desde hace 11 años), ambas empresas deberán reducir su capital social en el primero o segundo trimestre del año.
Los problemas van aún más lejos: si no obtienen ingresos adicionales a los actuales, entrarán a fines del primer trimestre o principios del segundo en una situación de patrimonio neto negativo. En esas condiciones, si alguien lo pidiera (la propia empresa, un acreedor o, en casos especiales, un juez), podría quebrar. Más que suficiente para que iniciaran un proceso de liquidación y estén obligadas a devolver la concesión.
Las alternativas a la vista son pocas: una mayor partida de subsidios, una herramienta muy utilizada por el kirchnerismo para emparchar problemas profundos o un incremento en el denominado Focede, el fondo que se usa para financiar obras de las empresas, administra el Gobierno y se nutre con un aumento en las facturas que se aplica desde 2013. Ayer hubo una nueva señal en esa dirección: Edenor informó a la Comisión Nacional de Valores que había renovado un acuerdo con Cammesa, la compañía administradora del sector eléctrico (es la encargada de comprar la electricidad a los generadores y vendérsela a las distribuidoras) para obtener fondos. En parte, le servirá para cubrir las obras que hizo en los últimos meses para evitar mayores cortes de luz este verano.
Ayer por la mañana, en su habitual conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, hizo referencia a esa posibilidad. "Es una cuestión que está en proceso de análisis y discusión, y seguramente en el transcurso de éste y el próximo mes podrá tenerse un conocimiento cabal sobre este tema", contestó de manera esquiva ante una pregunta que hacía referencia al futuro de la compañía. Fue en respuesta a un comunicado que envió la empresa anteayer en la presentación de sus resultados. Allí, Edesur informó que había perdido $ 1358 millones el año pasado. "El resultado negativo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 pone en evidencia que el margen de distribución percibido por la compañía es insuficiente para garantizar la sostenibilidad económico-financiera del negocio", explicó la compañía.
Fuentes oficiales confirmaron que Capitanich recibió a ejecutivos de Edesur ayer por la mañana, luego de sus críticas. Fue un diálogo inconsecuente: el funcionario les reprochó la redacción del comunicado y los empresarios le reclamaron por la instrumentación de mejoras en sus ingresos.
En las dos distribuidoras, según explicaron fuentes privadas al tanto de las discusiones, esperan que en las próximas semanas el Gobierno les otorgue algunos beneficios para limpiar sus balances y puedan continuar prestando el servicio. La clave es la deuda que el propio Estado tiene con las empresas.
Cuando se renegociaron los contratos de concesión, a mediados de la década pasada, se dispuso que si los mayores costos de las empresas superaban el 5% en un trimestre debían trasladarse a la tarifa. Pero el Gobierno cumplió muy parcialmente ese compromiso. En julio de 2013 remitió a las empresas documentos que podían utilizar para el pago de su deuda con Cammesa.
Hasta noviembre, del año pasado, Edenor le debía a Cammesa 6250 millones de pesos y Edesur, otros 5700 millones. Si bien los documentos que esperan del Gobierno no implican para las empresas contar con mayores recursos, les permitirían mejorar sus balances.
El jefe de una de las mayores eléctricas del país, que pidió reserva de su nombre, explicó que ese favor no les alcanzará. Y reconoció que desconocen cuál es el plan oficial para mantener a flote el sector eléctrico.
