El fiscal federal Eduardo Taiano impulsó una causa penal por presunto “enriquecimiento ilícito” contra el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Taiano respondió a la consulta procesal formulada por el juez federal Luis Rodríguez, promovió la investigación y propuso una serie de medidas de prueba, algunas de las cuales ya fueron ordenadas por el magistrado. Entre esas medidas figura el pedido a la AFIP y a la Oficina Anticorrupción (OA) de las declaraciones juradas de Berni de 2006 a 2013.
La causa se inició por una denuncia del diputado nacional por la UCR Manuel Garrido, quien sostuvo que Berni incrementó entre 2006 y 2013 un 1.009,20 por ciento su patrimonio, que pasó en ese período de 575.822 pesos a 6.387.832.
La denuncia señala que un 75 por ciento de los ingresos declarados por Berni provienen de actividades privadas, por lo que Garrido interpretó que “prioriza su actividad privada respecto de su función pública”. Garrido también denunció que Berni es propietario de un complejo de cabañas en la localidad 28 de Noviembre, en Santa Cruz, que le habría alquilado a la empresa Austral Construcciones, del empresario kirchnerista Lázaro Báez.
“Esta sería una operatoria recurrente empleada por distintas sociedades del Sr. Lázaro Báez para 'facilitar' la declaración de ingresos a distintas personas o jurídicas; obviamente, sin la correspondiente contrapartida en la efectiva ocupación de los lugares supuestamente 'alquilados'”, sostiene la denuncia.
Garrido también denunció que en distintas declaraciones juradas Berni presenta variaciones en los valores de los inmuebles, omisión de declarar automóviles y dinero en efectivo y la no presentación de la declaración jurada de su pareja.
También denunció el presunto lavado de activos por las irregularidades en la empresa Logística Integral Rio Turbio S.A., de la que Berni tiene el 80 por ciento de las acciones, porque hay variaciones en la declaración de un millonario crédito.
