Firmado por un apoderado de Austral Construcciones, Martín Jacobs, ese documento sólo detalla que la firma contaba con un "crédito a cobrar al 31/12/2007" sobre Kirchner por $ 8.329.596, repartidos en cuatro facturas: una de diciembre de 2006 y las tres restantes de diciembre de 2007. Pero en las declaraciones juradas de los Kirchner esa deuda apareció detallada de un modo muy distinto. O ni siquiera apareció.
Esos y otros datos llamativos en la contabilidad de la familia presidencial quedaron dentro de la investigación que instruye el juez federal Claudio Bonadio . El magistrado solicitó las declaraciones juradas que los Kirchner y su sociedad hotelera Hotesur presentaron ante la AFIP. Esas declaraciones podrían exponer incongruencias en el reparto del acervo sucesorio tras la muerte de Kirchner. Por ejemplo, que la presidenta Cristina Fernández registró $ 31,6 millones por la disolución de la sociedad conyugal, mientras que sus hijos, Máximo y Florencia , declararon cerca de $ 40 millones por la otra mitad.
Los movimientos societarios y bancarios de Máximo Kirchner también son ahora observados, con algunos primeros datos curiosos. Entre otros, que al abrir una cuenta bancaria en 2013 fijó su domicilio en el piso 3 de la avenida Belgrano 265 de Buenos Aires. Allí trabajaba el contador del primer accionista de Hotesur, Jorge Giovanakis. Pero se mudó hace años, según recuerdan en el edificio.
Hotesur también quedó asociada a otras oficinas en Buenos Aires, en las calles Lavalle 975 y San Martín 948, que tampoco están vigentes, y en la avenida Kirchner 496 de Río Gallegos . Pero aun así Máximo Kirchner optó por indicar la avenida Belgrano como domicilio en el formulario bancario. Y a pesar de tratarse de una persona políticamente expuesta (PEP) según el sistema antilavado local, por lo que los bancos deben reforzar los recaudos de su política de "conozca su cliente", no afrontó sobresaltos.
El panorama es muy distinto para Báez, que acumula reportes de operaciones sospechosas (ROS). Son por Austral Construcciones, Gotti Hermanos, Epsur y Kank y Costilla. También afrontó una alerta desde Liechtenstein y comunicaciones "D" confidenciales del Banco Central (BCRA) centradas en él, su hijo Martín y varios colaboradores y empresas.
De esos ROS, los primeros llegaron a la Unidad de Información Financiera (UIF) en 2005; otros en 2006, y el resto en 2010, en tanto que el BCRA emitió sus comunicaciones al sistema financiero entre abril y mayo de 2013.
Así, Báez ya había comenzado a hacer sonar las alarmas antilavado cuando Austral Construcciones emitió las facturas 590 (el 31 de diciembre de 2006, por $ 1,2 millones), 654 y 655 (el 5 de diciembre de 2007, por otros $ 1,2 millones y $ 4,9 millones) y, tras el traspaso del bastón presidencial entre Néstor y Cristina Kirchner, la 665 (el 30 de diciembre de ese año, por $ 1,1 millones).
El simple cotejo de las fechas de esas facturas con otros documentos públicos expone más datos llamativos. Entre otros, que el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, explicó ante la Justicia que esa "deuda devengada no exigible por construcción de inmuebles" ya existía al 11 de diciembre de 2007, fecha en la que Austral Construcciones aún no había emitido su última factura.
La entonces senadora Cristina Fernández, en tanto, fue más drástica cuando presentó su declaración jurada correspondiente a 2006 ante el Senado. Aunque para fines de ese año la firma de Báez ya había emitido su primera factura por $ 1,2 millones, la hoy Presidenta declaró bajo juramento que no arrastraba deuda alguna por sí, ni aludió a las de su cónyuge. Dos años después, y ya como presidenta, Fernández sí incluyó el monto global de la deuda por $ 8,3 millones. La registró como perteneciente a su marido y sin aclarar que Báez era el acreedor.
Pero la deuda quedó validada a fines de 2009 por el juez Norberto Oyarbide , en un trámite veloz que incluyó un polémico dictamen de los peritos de la Corte Suprema, Alfredo Peralta y María del Carmen Penedo.
Oyarbide sobreseyó a los Kirchner sin que apelaran los fiscales. Incluso, a pesar de un dictamen de dos peritos de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas con 22 observaciones. Una de ellas aborda esa deuda. Alertaron que debía verificarse si el préstamo por $ 8.329.596 figuraba en la contabilidad de Austral y que ese monto no incluía "ningún tipo de interés" durante doce meses, algo "fuera de toda lógica comercial".
Esa deuda desapareció en las siguientes declaraciones juradas de los Kirchner. Pero bastó para exponer uno de los "vínculos comerciales" de la familia presidencial con Báez, como lo calificó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray . Esos $ 8,3 millones se sumaron a otros créditos cruzados, la construcción, compra, venta y alquiler de inmuebles, un condominio y el gerenciamiento de los hoteles.
