El pedido de indagatoria que formuló el fiscal Guillermo Marijuan implicaría el primer golpe certero al dudoso empresario patagónico, quien está sindicado como socio de Néstor y Cristina.
La noche empezó a caer para Lázaro Báez el 14 de abríl de 2013, cuando un informe del periodista Jorge Lanata puso en boca de todos “la ruta del dinero K” donde los financistas Federico Elaskar y Leonardo Fariña relataron las maniobras del empresario para lavar dinero de la corrupción estatal. Pero recién ahora, 20 meses después, el patagónico se enfrenta a la posibilidad real de que todo salga a la luz en donde más duele: la Justicia.
Es que por iniciativa de la Cámara Federal, el fiscal Guillermo Marijuan le pidió al juez Sebastián Casanello que llame a indagatoria a Báez. Una medida que, para los especialistas, debería haber solicitado el propio magistrado antes de procesar a los dos arrepentidos que prestaron su testimonio en TV. La causa avanzó de instancias procesales pasandole muy cerca al empresario, pero sin llegar a tocarlo.
Para dirigentes de la oposición, la respuesta es simple. “No pueden meterse con Báez porque si se ponen a investigarlo, en un minuto llegan a la familia Kirchner”, aseveró la diputada Elisa Carrió, quien se ocupó de llevar a la justicia el informe periodístico. Sin embargo, quien mejor explicó la relación entre el expresidente y el contratista fue el propio Fariña: “En la política no existen testaferros, son operadores. Uno le da obras públicas al otro y cuando llegan las elecciones les piden 20 palos para la campaña”.
De empleado bancario a sombra de Kirchner. La historia de Báez se hizo popular luego del informe de Canal 13, pero ya era pública desde el 2006 cuando la revista Noticias afirmaba que “Lázaro es Néstor”. Sólo de esa manera se podía explicar el brutal crecimiento patrimonial de este empresario que se inició en la esfera profesional como contador del Banco de Santa Cruz. Allí logró hacerse en 1991 con la gerencia durante la gobernación de Néstor Kirchner.
Respaldado por el mandatario provincial, comenzó su rápido ascenso en el mundo de los negocios. Logró intervenir y privatizar la entidad bancaria que dirigía. Poco tiempo después, pasó a conformar el directorio de Austral Construcciones S.A.desde donde pudo obtener la mayoría de los contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
Báez luego compró tierras y campos con los que logró construir una mansión en un extenso predio en las afueras de Río Gallegos con un importante sistema de seguridad. Sus allegados, en tanto, conformaron sociedades con la familia Kirchner en las que compraron hoteles (como Alto Calafate) y en los últimos años Báez se expandió hacia el negocio petrolero y la compra de estancia cercanas al río Santa Cruz.
Según trascendió, la amistad era tal entre ambos que el día previo al fallecimiento del expresidente, compartieron su última cena. El empresario fue quien construyó luego el fastuoso mauseleo en donde se depositaron los restos de Kirchner.
Una fiesta de contratos públicos. En abril de 2012, el gobierno riojano adjudicó a Austral Construcciones S.A., perteneciente a Báez, la construcción de un importante camino montañoso, para el cual la Nación invirtió 1.400 millones de pesos.
Ese mismo año, se llamó a licitación del sistema de represas hidroeléctricas a la vera del río Santa Cruz. La construcción de la represa rebautizada en memoria del expresidente Néstor Kirchner prometió darle nuevas ganancias al empresario Lázaro Báez: las 182 mil hectáreas (conformadas por las estaciones por él adquiridas) se verían afectadas por la megaconstrucción. La familia Báez había asegurado entonces que lamillonaria indemnización recibida sería donada al ministerio de Educación de la provincia de Santa Cruz.
Un año antes, Austral Construcciones edificó el nuevo predio del Club Boca Río Gallegos, institución presidida por uno de sus hijos Martín Báez. La noche de inauguración del complejo deportivo fue protagonizada por una amiga de la familia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La expansión de Báez fue monumental. Con Austral Construcciones compró a las empresas que le hacían de competencia y llegó a hacerse con más del 90% de la obra pública de Santa Cruz. Un sólo dato ilustra su fenomenal crecimiento: en diez años adquirió 1388 autos valorados en 525 millones de pesos.
Caída en desgracia. Si bien Báez recibía múltiples denuncias por parte de la oposición santacruceña, y recibía atención de algunos medios críticos, nada fue tan contundente como el informe televisivo de Periodismo Para Todos. Allí habló el hombre que estaba a cargo de la logística de los millones que transfería Báez. Según la investigación de PPT, Fariña coordinaba el transporte de millones de euros en efectivo desde Santa Cruz a Buenos Aires.
La maniobra consistía en llevar el dinero a la financiera SGI, de Elaskar, donde se pesaba y se enviaba a distintos paraísos fiscales como Panamá y Seychelles. Desde esos destinos se las transferían a empresas fantasmas mediante operaciones comandadas por Fabián Rossi, el marido de Iliana Calabró. De allí, el dinero volvería a Buenos Aires ya en el circuito formal.
Al día siguiente de la emisión del informe, distintos dirigentes de la oposición llevaron el caso a la Justicia Federal. Por sorteo, la causa quedó en manos del juzgado de Casanello, que tras una semana de disputar la competencia de la causa, empezó a trabajar en el caso. Hubo múltiples allanamientos: desde SGI hasta el Banco de Santa Cruz, pero según la versión del magistrado no se halló nada que involucre de manera directa a Báez.
Pero en un nuevo informe de Jorge Lanata se mostraron cintas de seguridad donde se observa el desmantelamiento de la financiera algunas horas antes de que el personal policial ingrese a allanar el Madero Center. Por eso, el accionar del juez quedó fuertemente cuestionado.
El panorama judicial de Báez, que quedó trunco en Buenos Aires, avanzó a mayor velocidad en el extranjero. La justicia uruguaya confirmó que “la ruta del dinero K” comenzaba en su país, y que recién desde allí se giraba el dinero a Panamá, Seychelles y Suiza, donde era depositado en cuentas de Báez. El informe fue enviado a Casanello pero tampoco sirvió para que la causa prospere.
A esto se le sumó la crisis de deuda de Argentina: los fondos buitre, al tantos del caso, presionaron a la Justicia norteamericana para que investigara el asunto como parte de la estrategia de coacción al gobierno argentino para que les pagara la deuda. Los holdouts le pidieron a un juez de Nevada que revele la identidad de los dueños de 123 empresas que creen vinculadas al empresario santacruceño.
En Estados Unidos, el magistrado Cam Ferenback dio autorización al propio Lanata para que tenga completo acceso a la causa y, a instancia de revelar nombres de los empresarios, se pueda conocer rápidamente si Báez integra o no esa cúpula.
Lo cierto es que todos estos avances nunca llegaron a tocar en primera persona al influyente Lázaro Báez. El llamado a indagatoria que pidió hoy el fiscal Marijuan, después de que la Cámara Federal le llamara la atención a Casanello por tener la causa “desarticulada” y “sin avances” sobre Báez, implicaría el primer golpe certero al llamado testaferro de la familia que gobierna el país hace 12 años.