Aunque el nivel de presión tributaria bajó algo luego de que se recalculara la base del PBI, el país sigue estando entre los más altos de la región y del mundo, según los expertos. Según la Fundación Mediterránea, es el nivel de presión tributaria en relación con el PBI si se incluye en el cálculo el efecto del "impuesto inflacionario".
Marcelo Capello, presidente del Ieral (el instituto de investigaciones de la Fundación Mediterránea), estimó que la presión tributaria consolidada (sumando los impuestos que cobran la Nación, las provincias y los municipios) ascendía, antes de ese cambio de base, al 42,4% del PBI, y se elevaba a 46,7% si se computaba el llamado "impuesto inflacionario". Después de esa modificación, tomando la nueva base 2004, "los números serían de 33,4% y 36,8%", expresó Capello.
Aun así, la Argentina supera a vecinos de la región, como Uruguay (26,3%), Chile (20,8%), Colombia (19,6%), México (18,9%) y Perú (18,1%), y también a países más desarrollados, como España (32,9%), Canadá (30,7%), Japón (28,6%), Australia (26,5%) y Estados Unidos (24,3%).
Según Capello, "con la nueva medición del PBI, la presión tributaria de la Argentina se aproxima a la del promedio de las economías más avanzadas de la OCDE [la organización que reúne a los principales países desarrollados del mundo, que tiene una presión del 34,5% del PBI], aunque dicho guarismo queda atrás si en el caso local incluimos el impuesto inflacionario, que eleva la presión tributaria de Argentina hasta cerca del 37 por ciento, aun con la nueva medición del producto".
Capello aclaró que "en los casos de la OCDE se trata mayoritariamente de países con niveles de evasión impositiva marcadamente inferiores a los de la Argentina, de modo que la presión tributaria legal, que recae sobre los contribuyentes que cumplen cabalmente con todas sus obligaciones tributarias, podría resultar en nuestro país bastante mayor al promedio de los países desarrollados".
Nadín Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), sostuvo que "la carga tributaria efectiva consolidada viene evidenciando un crecimiento sostenido en los últimos años, con un nivel récord en 2013. Esto permite inferir que durante los últimos años el objetivo de suficiencia, es decir, recaudar recursos para financiar el gasto público, se ha priorizado por sobre los restantes pilares de todo sistema tributario, a saber, eficiencia y equidad".
En particular, según el economista, "los recursos que explican el incremento de la carga tributaria durante los últimos 13 años (6,6 puntos del producto bruto interno, sin considerar la seguridad social), se aprecia que el aumento más alto se origina en la recaudación de Ganancias y de ingresos brutos [este último, de origen provincial]".
Ramiro Castiñeiras, de la consultora Econométrica, indicó que "la presión tributaria supera el 32% del PBI este año, donde 27 puntos porcentuales del PBI corresponden a la recaudación del gobierno nacional y los 5 puntos del PBI restantes, a los impuestos que recaudan las provincias".
Por su parte, César Litvin, presidente del Instituto Tributario, dijo que "la presión fiscal es en este momento la más alta de toda la historia en la Argentina, y la más alta de toda América, superando a EE.UU., Canadá, México y Brasil, y está en el top ten de todo el mundo".
La gran diferencia con aquellos países que tienen una presión mayor, como los escandinavos, es que "estas jurisdicciones suministran una buena calidad de servicios públicos esenciales, como salud, educación, seguridad e infraestructura, de tal forma que los contribuyentes, después de pagar los altos impuestos, no deben asumir más gastos en dichos servicios".
En cuanto a la posibilidad de que se rebajen impuestos, como promete la oposición a partir de 2016, los especialistas expresaron sus dudas. Capello dijo que "los problemas de competitividad exigirán reducir la carga tributaria en al menos algunos impuestos, pero el también existente elevado déficit fiscal obligará a ser muy cuidadosos".
Lo más urgente, aclaró Capello, es "solucionar el problema de los derechos de exportación, que con los actuales precios internacionales de las materias primas y la situación en materia de competitividad industrial ya no se justifican en los niveles existentes, y la imposibilidad de ajustar por inflación en el impuesto a las ganancias".
Por su parte, Argañaraz señaló que "debe eliminarse el impuesto al cheque, bajarse gradualmente los derechos de exportación, eliminar el impuesto a la ganancia mínima presunta, bajar el impuesto a las ganancias a las personas físicas, actualizando las escalas, congeladas desde el año 2000, y elevar el piso de bienes personales". Castiñeiras, en cambio, consideró que "toda baja de impuestos será más déficit fiscal que el Gobierno cubrirá con mayor emisión de pesos y/o mayor emisión de deuda pública".
