La presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Justicia, Julio Alak, fueron denunciados ayer en el fuero penal tras la difusión de la información periodística que mostró que una de las empresa que la mandataria reconoce como propia, llamada Hotesur, funciona de modo irregular. La diputada Margarita Stolbizer (GEN) presentó un escrito en la Justicia en el que solicita que se investigue si la Presidenta, entre otras autoridades del Gobierno, cometieron los delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La denuncia recayó en el juzgado de Claudio Bonadío y el fiscal que estudiará el “caso Hotesur” será Carlos Stornelli. La diputada Stolbizer enumeró en su denuncia algunas de las normas que Hotesur incumple en el marco de sus obligaciones administrativas que debería haber presentado ante la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que regula el funcionamiento de las sociedades comerciales.
La información sobre el funcionamiento irregular de Hotesur había sido difundido el domingo por la noche en el programa Periodismo Para Todos, conducido por Jorge Lanata,
En el texto que Stolbizer presentó en los tribunales se afirma que “según el informaciones obtenidas, la sociedad HOTESUR SA adeuda la presentación en la Inspección General de la Justicia (IGJ) de balances desde 2011, no se conocen los activos ni los pasivos, ni la conformación societaria actual, como tampoco quiénes integran el directorio en la actualidad, ya que también adeuda la inscripción de sus autoridades”.
Stolbizer apunta en su denuncia a uno de los negocios más sospechados que realizaron los Kirchner en Hotesur, la sociedad con la que controlan el hotel Alto Calafate. Según publicó La Nación, el socio de la presidenta, Lázaro Báez, alquiló en su momento cientos de habitaciones del Alto Calafate que nunca se habitaron. “En este caso, los balances son cruciales para que los terceros, los periodistas, los diputados y hasta los jueces que deberían investigar el tema de Lázaro Báez”, escribió la legisladora, y agregó: “Así se podría determinar cuánto vale en realidad el hotel, cuánto vale la participación de cada socio, quienes son sus acreedores y deudores, quienes son los accionistas del hotel”.
Según se pudo confirmar, Hotesur tampoco está funcionando en la última sede legal que inscribió ante la IGJ. A esa irregularidad, suma otras: no presenta balances, no actualizó ante el Estado a las autoridades que conforman su directorio, y también adeuda el pago de las tasas que debió pagar a la IGJ desde el 2010. Los Kirchner compraron Hotesur en el 2008.
