Enviarán al Congreso un proyecto de reforma a la ley de telecomunicaciones. De aprobarse, las telefónicas podrían competir con Cablevisión y con todas las empresas de cable. Habrá más competencia en lo que se denomina el triple play. Aclararon que no se regularán los contenidos.
Cristina La Muchacha Progre envió al Congreso un proyecto de reforma de la ley de telecomunicaciones que habilita el ingreso al mercado de la televisión por cable de las compañías telefónicas, que hasta ahora lo tenían prohibido. A partir de la incorporación del triple play, la empresa cableoperadora Cablevisión, del Grupo Clarín, tendrá mayor competencia en el mercado, uno de los puntos más resistidos por el grupo mediático cuando se debatió en 2009 la ley de medios.
Con esta decisión, la Casa Rosada relanza la idea que había incluido en aquel proyecto. Entonces, por presión de la oposición y ante la urgencia de conseguir la mayoría parlamentaria para sancionar la ley de medios, la Presidenta quitó de su iniciativa la posibilidad de que las empresas telefónicas pudieran dar servicio de cable.
Pero la pelea con Clarín y la última denuncia del Gobierno de presuntas "trampas" del grupo en el plan de adecuación que presentó para dividirse terminaron por sellar la decisión de la Presidenta de avanzar en generarle competencia.
El proyecto, llamado Argentina Digital, declara como "servicio público esencial y estratégico" a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), con lo cual el Estado las regulará y obliga a todos los actores, sean telefónicas, cableros o cooperativas, a compartir el acceso a sus redes, más conocido como la neutralidad.
Esta vez la Presidenta no participó del anuncio y lo dejó en manos del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner.
Todos se encargaron de destacar que el proyecto no regula contenidos, para descartar cualquier tipo de interpretación sobre restricciones a la libertad de expresión.
A partir de la sanción de la nueva norma, todos los actores de las comunicaciones podrán brindar todos los servicios. Por ejemplo: Telefónica o Telecom podrán dar televisión por cable y Cablevisión podrá dar telefonía. Esta última posibilidad ya estaba habilitada. Lo que se hace ahora, además, es regularla para que no haya abuso de posición en el alquiler de la red de teléfonos.
En el Gobierno sostenían ayer que la normativa no favorece a las telefónicas, como sospecha la oposición al habilitar su ingreso, antes vedado. Argumentaban que ahora tienen que compartir su red, porque pierden la exclusividad sobre lo que se llama "última milla", es decir, el cable que conecta la central con el abonado final, el hogar. Es la parte de una red que más inversión exige, que deberán habilitar para el uso de otros actores, previo cobro. Además, el proyecto establece que tienen que llevar una contabilidad separada. El Estado, en tanto, regulará esa tarifa (que será una suerte de alquiler de su red), el acceso y la calidad de conexión.
El proyecto no toca la ley de medios. Sólo exceptúa la prohibición que tenían las empresas que brindan servicio telefónico de ser prestadores audiovisuales. Seguirán rigiendo los límites de concentración de mercado que estableció esa norma, en un 35 por ciento el tope y en hasta 24 licencias.
En su artículo 46, la iniciativa deja a discreción del Gobierno la regulación sobre aquellas empresas que presenten "un poder significativo de mercado", un bache interpretativo que deberá resolver la reglamentación posterior.
Con el nuevo proyecto caducó también la imposibilidad que, a priori, presentaba Telefónica para mantener el canal de aire Telefé. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) todavía no se había pronunciado, aunque la postergación ahora encuentra sentido. Ya no será necesaria una decisión: la normativa a tratar por el Congreso quita la restricción que tenía antes por ser servicio público.
La oposición ya planteó su rechazo, justamente por este último punto. Gerardo Milman, uno de los directores de la Afsca, cuestionó que el organismo hiciera "un uso discriminatorio de los distintos proyectos de adecuación a la ley de medios esperando modificar la normativa, y eso es lo que ocurre ahora".
Previendo la batalla judicial que se vendrá, y justo a un año del fallo de la Corte Suprema que declaró constitucional la ley de medios tras un largo derrotero por los tribunales, el artículo 4 es una perlita. Después de la batalla de la famosa cautelar de Clarín con la Cámara en lo Civil y Comercial, el nuevo proyecto establece la competencia del fuero contencioso administrativo federal.
