El jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, buscó desvincular ayer a la presidenta Cristina Kirchner de los problemas tributarios y judiciales del empresario Lázaro Báez. Declaró de manera tajante que no son socios y que sostener eso es "falso" y "malintencionado", y que la operatoria mediante facturas falsas es una cuestión que tiene lugar sólo "entre privados".
Echegaray separó así a la Presidenta de la suerte de Báez durante una conferencia de prensa a la que convocó para aclarar la actuación de la AFIP frente a tres grupos de empresas de Bahía Blanca que, tal como informó el diario de derecha La Nación anteayer, emitieron facturas apócrifas por decenas de millones de pesos para Austral Construcciones, la nave insignia del cuestionado empresario patagónico.
Dijo también que al menos una de ellas, Calvento SA, "no tiene actividad comercial" y es considerada por su organismo "una usina de facturas falsas". Echegaray sostuvo, además, que Austral Construcciones también se encontraría bajo fiscalización, aunque evitó dar precisiones. No informó cuándo se inició esa investigación, como tampoco el monto que los sabuesos de la AFIP sospechan que Báez podría haber evadido.
Con el titular de la DGI, Ángel Toninelli, sentado a su derecha, Echegaray también buscó separarse de las decisiones que se hayan tomado o se tomen en la Regional de Bahía Blanca de la AFIP sobre esas empresas. Dijo que él y otros altos funcionarios del organismo no tuvieron "ningún grado de interferencia" sobre los técnicos a cargo de las fiscalizaciones, afirmación que contradijo un dirigente gremial del organismo en duros términos.
El momento en que Echegaray se mostró más enfático, sin embargo, fue cuando procuró separar a la Presidenta de Báez, un ex bancario que creó Austral Construcciones pocos días antes de la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, en mayo de 2013, para desde entonces convertirse en el mayor contratista de obra pública de la Patagonia. El jefe de la AFIP, que años atrás fue abogado de Gotti Hermanos, otra empresa de Báez, confirmó que esas firmas de Bahía Blanca se encuentran bajo fiscalización del organismo desde hace años.
"Que quede bien en claro que la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, no es socia de Lázaro Báez", remarcó Echegaray, en un tono de voz más categórico que el que utilizó antes y después durante su exposición, de poco más de una hora.
La afirmación del titular de la AFIP ocurrió en momentos en que los llamados fondos buitre intentan reconstruir la ruta que habría seguido el dinero de Báez por distintos paraísos fiscales alrededor del mundo, como también los vínculos que podrían unirlo con la familia presidencial.
Esos vínculos incluyen varias operaciones comerciales. Entre otras, un condominio sobre un terreno de 87.000 metros cuadrados que la Presidenta y Báez comparten como copropietarios desde hace años en El Calafate. También, un complejo de diez departamentos que el empresario construyó en la calle Mitre, de Río Gallegos -a través de un fideicomiso-, junto con Néstor Kirchner, que lo consignó en su declaración jurada. A ese emprendimiento se sumaron dos grupos de departamentos más. Uno sobre la calle Alvear y otro sobre la calle Mariano Moreno, también en la capital de Santa Cruz. Este último proyecto se construyó en un terreno de los Kirchner, para luego alquilar esos departamentos y alojar allí a gerentes de sus empresas, con cheques emitidos a nombre del ex presidente.
Las relaciones incluyeron además la compra por parte de Báez de al menos nueve departamentos, casas y terrenos a los Kirchner en sólo un año, que terminaron bajo el dominio de Austral Construcciones, en tanto que la constructora Epelco compró también la casa que Kirchner había adquirido en el centro de Río Gallegos en 2003.
Otra firma de Báez, por su parte, Valle Mitre SA, se encargó de otro rubro: administró los hoteles de la familia presidencial, a los que alquiló más de 1100 habitaciones por mes, durante años, sin usar esas reservas, pero generándole ingresos multimillonarios.
Según la última declaración jurada que la Presidenta presentó ante la Oficina Anticorrupción, eso no es todo. Báez, quien también construyó la bóveda de Río Gallegos en la que se encuentran los restos del ex presidente, aún figura como uno de sus acreedores. Es por un monto bajo, 12.460 pesos, pero se mantiene así desde hace años, sin sumar intereses ni bajar el monto.
En su conferencia de prensa de ayer, Echegaray también buscó alejarse de la suerte de la investigación de la AFIP sobre Báez, y al Gobierno y al resto de la clase política del mercado de facturas truchas. "El uso de facturas apócrifas nace del sector privado y termina en el sector privado -argumentó-; no es una cuestión que forme parte de la de política."
Según reiteró en varias oportunidades, las empresas recurren a las facturas truchas para reducir sus pagos de impuestos. Se sabe, de todos modos, que muchas compañías las usan para justificar la salida de dinero de su contabilidad y generar así efectivo de libre disponibilidad para pagar sobornos a funcionarios, como hicieron Siemens y Skanska, entre otras empresas, durante los últimos años y con distintos gobiernos.
Esas facturas, insistió Echegaray, "nacen de las necesidades del sector privado, son usufructuadas por el sector privado y terminan en el sector privado". Y, en esa línea, mostró los listados de cientos de empresas que figuran en varios expedientes penales como emisoras o usuarias de facturas apócrifas.
"En vez de poner el acento en una o dos" empresas, indicó Echegaray en alusión a Austral Construcciones, tras repasar esas causas penales, "hay que ponerlo sobre muchas", añadió, por lo que redobló su apuesta, sin distinguir entre los usuarios en general de esas facturas y los del sector de la obra pública. La utilización de esas facturas falsas, añadió, "¿es algo exclusivo de Lázaro Báez o una mecánica habitual de los contadores?"
"Que quede bien en claro que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no es socia de Lázaro Báez", expresó el alcahuete. "Los medios instalan un tema y lo repiten, lo repiten, hasta dejarlo instalado y se equivocan", afirmó Echegaray. Y remató: "El uso de facturas apócrifas no siempre tienen lugar con conocimiento y aceptación de la empresa porque hay casos de personal desleal"
La diputada Margarita Stolbizer (Gen) aportó a la justicia uruguaya datos que ligan a una firma investigada por lavado de dinero con Lázaro Báez. La legisladora presentó un escrito ante la jueza de Uruguay Adriana de los Santos con documentos de la Inspección General de Justicia de la Nación Argentina, de los que surge el representante legal de Reloway Company SA, investigada por lavado, es de Báez. "Eso podría demostrar que la firma ha sido utilizada para ocultar identidad en Uruguay", dijo Stolbizer. Agregó que Báez había dicho que esa empresa había sido la que inyectaba millones de pesos a Badial SA, de su propiedad. "El domicilio denunciado en la Argentina coincide con la sede legal de Oil M&S, del Grupo Indalo de Báez", dijo.
