Hoy se cumplen diez años de la desaparición del ingeniero sanjuaniano Raúl Tellechea. A la una de la madrugada del martes 28 de septiembre de 2004, Tellechea, de 55 años, salía de la casa de su pareja, Natalia Hobeika en las afueras de San Juan. Se supone que tras un breve trayecto en bicicleta llegó a su casa, pero nunca más se supo de él. Por el caso que hoy tramita el Juzgado Federal N°2, a cargo de Leopoldo Rago Gallo por “desaparición forzosa”, no hay detenidos, pero dos funcionarios del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, están imputados. Trabajaban en dependencias del Ejecutivo provincial al momento del hecho y hoy lo siguen haciendo. Se trata de Luis Moyano y Eduardo Oro. El viernes el fiscal subrogante que instruye la investigación, Francisco Maldonado, solicitó al juez que llamara a declaración indagatoria a los imputados, entre los que también se encuentran Miguel del Castillo y Luis Alonso.
El pedido del fiscal se basa en entrecruzamientos de llamadas y escuchas telefónicas, entre otros elementos probatorios. Si el juez accede, podría tratarse del paso más firme en la investigación por la desaparición de Tellechea, un caso que -a todas luces- echa luz sobre las presiones del poder político sobre la Justicia, y que incluyó denuncias falsas en contra de la víctima, los familiares y 27 líneas de investigación en la Justicia provincial, que entre 2004 y 2011 llevó la causa.
Al momento de la desaparición de Tellechea, Moyano era viceministro de Desarrollo y Promoción Social de San Juan y hoy -tras un breve paso como asesor en el Senado nacional- trabaja en el Ministerio Público sanjuanino, responsable de la policía local. Todos los imputados trabajaban con Tellechea en la mutual de la Universidad Nacional de San Juan (Moyano también, aunque estaba de licencia), a la que el ingeniero renunció en malos términos dos semanas antes de desaparecer.
Fueron ellos, quienes denunciaron a Tellechea por estafa -por una cifra que rondaba entre los 10 mil y los 14 mil pesos- días después de que éste desapareciera. Mariana, hija del ingeniero, cree que esa denuncia, de la que su padre resultó sobreseído, sirvió para ensuciar su imagen. Para la hija de Tellechea, que vive en Buenos Aires, esa denuncia fue, además, autoincriminatoria, ya que en ella los cuatro imputados señalan que se habrían reunido con Tellechea horas antes de su desaparición. Por eso, la familia de Tellechea denunció desde un primer momento a sus compañeros de la mutual. A pesar del estado público que tomó la denuncia, Gioja sostuvo en su cargo a Moyano -quien además era presidente del Club Desamparados- durante más de un año.
Meses después de esa reunión, en una entrevista con Perfil, Gioja afirmó que Tellechea estaba prófugo. Fue lo último que dijo sobre el hecho. Los hijos de Tellechea también mantuvieron una reunión con Aníbal Fernández. El entonces Ministro de Justicia de Cristina Kirchner les sugirió que la secretaría de Derechos Humanos se podría presentar como querellante junto a los familiares. Luego adujo que no sería posible por motivos procesales, algo no del todo cierto.
“Durante 7 años la Justicia provincial barajó hipótesis desopilantes. Una de las líneas que llevó trabajo de instrucción, plata del Estado, dispendio de recursos humanos, fue buscarlo a Tellechea en Brasil, nada más que por los dichos de un vidente. Luego fue buscado en Chile, porque alguien decía haberlo visto allí. Y lo que se consumió gran parte de esas 27 líneas de investigación y los 27 cuerpos que fue acumulando, fue la investigación sobre la propia familia”, explica Conrado Suárez Jofré, abogado de los Tellechea junto a Alejandra Rojo.
Precisamente, entre las escuchas a los familiares, se grabó el testimonio de otro procesado, Nelson Cortés Páez, quien entre llantos y sollozos llamó por teléfono a la casa de los Tellechea y relató la muerte de Tellechea a Mauricio, hijo de la víctima, con una descripción similar a una crisis de un insulino-dependiente, enfermedad que sufría el ingeniero. Cortes Páez estuvo detenido y está imputado, pero fue liberado luego de que sus abogados esgrimieran una propensión a la mitomanía, con la que los peritos de parte de la defensa no estuvieron de acuerdo.
Ahora todo está en manos del juez Rago Gallo, tristemente célebre por ser quien, por razones médicas, autorizó el traslado al Hospital Militar de los únicos dos condenados por delitos de lesa humanidad en San Juan, Jorge Antonio Olivera y el teniente Gustavo De Marchi, desde donde se fugaron. Rago Gallo en un principio rechazó su competencia, pero la Cámara de Apelaciones lo obligó a hacerse cargo, tras lo cual delegó la instrucción en el fiscal.
La mutual de empleados de la UNSJ denunció a los cuatro principales imputados por defraudación. La causa finalmente prescribió. Allegados a la causa argumentan que entidades como la mutual se prestan para blanquear dinero que después se vuelcan a las campañas políticas.
Mientras tanto, los familiares de Tellechea reclaman justicia. Mañana, a las 21, como todos los años, sus hijos Mariana, Mauricio, Gonzalo -triatlonista olímpico, que antes de los Juegos de Londres contó su historia a Clarín-, Rodrigo y la agrupación “Todos x Raúl” convocan a una marcha en la Plaza 25 de mayo, en la capital sanjuanina, para pedir el esclarecimiento del caso.
