El oficialismo consiguió aprobar esta madrugada en el Senado el proyecto de reforma de la ley de Abastecimiento, con una serie de modificaciones en el texto original. El proyecto fue aprobado en general y en particular, tras casi cuatro horas de debate, casi a las 4.30 de hoy, con 38 votos afirmativos, contra 27 negativos y fue girado a la Cámara de Diputados.
También el kirchnerismo consiguió esta madrugada la media sanción y envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para cambiar el lugar de pago de la deuda reestructurada y revocar el mandato del Bank of New York Mellon (BONY) como agente fiduciario, para ofrecer una alternativa a los acreedores ante las trabas a los cobros impuestos por los fallos del juez Thomas Griesa.
En l areforma de la ley de Abastecimiento, el senador informante por el FPV-PJ fue el santacruceño Pablo González, quien, tras acordarse el tratamiento en forma conjunta del proyecto a las dos iniciativas sobre derechos del consumidor, apuntó que en el oficialismo, a diferencia del referente de UNEN y actual diputado socialista Hermes Binner, "no creemos en la mano invisible del mercado".
Al analizar el proyecto de nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, recordó que este tipo de normativas rigen en el país desde la década de 1920, con el gobierno del radical Hipólito Yrigoyen por "la famosa crisis de alquileres".
Agregó que hubo una nueva ley en 1964 en el gobierno del radical Arturo Illia y fue de nuevo tratada en 1974, con el gobierno peronista, para recordar además que todas esas normativas contemplaban penas de prisión, que en la actual versión fue eliminada.
González dijo que la intención es "garantizar el funcionamiento transparente del mercado" y señaló que en la mayoría de países del mundo existe este tipo de regulaciones, como en la Comunidad Económica Europea, Brasil, México y los Estados Unidos.
Indicó que luego que "el 99 por ciento de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas", al remarcar que ese tipo de empresas fueron excluidas de los alcances de la ley, y que la norma está referida solo "al 1 por ciento de las empresas (las grandes y medianas empresas con capacidad de formación de precios)".
Y afirmó que "es una ley que viene a morigerar pero también a establecer nuevos cánones en las relaciones de consumo" busca "hacer operativo el artículo 42 de la Constitución Nacional" y "viene a prevenir y evitar situación de abuso por posición dominante de mercado".
El radical Luis Naidenoff informó sobre el rechazo de su bloque a la iniciativa y lo vinculó a "dos razones importantes": porque -a su entender- vulnera el orden jurídico constitucional establecido y porque es irracional, desde el punto de vista de los incentivos para comerciantes e industriales que deseen invertir y arriesgar en el país".
También, recordó que este tipo de normas "fue suspendida en el año '91 y se la restablece por decreto en el año '99", mientras se quejó de que la norma "sujeta toda la actividad económica a la discrecionalidad del secretario de Comercio".
En el mismo sentido se expresó el peronista disidente y ahora massista Juan Carlos Romero ("ésta es una ley para meter miedo, es confiscatoria e inconstitucional", dijo), la juecista Norma Morandini y los macristas Alfredo De Angeli y Gabriela Michetti.
El proyecto aprobado implica una nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, al que el oficialismo, tras el plenario de comisiones y las críticas expresadas allí por sectores empresarios, se vio obligado a incorporar modificaciones como la exclusión del régimen de sanciones a las pequeñas y a las medianas empresas que no sean formadoras de precios; eliminó las clausuras definitivas como parte de las sanciones previstas en el proyecto inicial.
Sobre el cambio de sede del pago de la deuda, el presidente del bloque de diputados por el Frente para la Victoria (FpV), Miguel Angel Pichetto, justificó la ley porque "se han incorporado a los holdouts" ya que se les dejará depositado el dinero y, de esta manera, la Argentina demuestra "la voluntad indeclinable de pago".
"Estoy convencido de que este es un mecanismo muy importante, es un instrumento que va a tener un resultado positivo", agregó el legislador kirchnerista en el cierre de la sesión.
La discusión en el recinto de la Ley de Pago Soberano se inició cerca de las 15 con la exposición del miembro informante por el kirchnerismo, Aníbal Fernández, y se descontaba una votación afirmativa a partir de la mayoría propia del oficialismo.
El comienzo del debate se demoró dos horas ante la embestida de legisladores opositores que impulsaron el "apartamiento" del vicepresidente Amado Boudou como titular del cuerpo, acción que fue rechazada por el kirchnerismo.
El Gobierno necesita un veloz tratamiento y sanción definitiva de la ley antes del 30 de septiembre, cuando se produce un nuevo vencimiento de deuda por unos 200 millones de dólares.
La ley en debate faculta al Ministerio de Economía a crear una cuenta en el Banco Central administrada por Nación Fideicomiso, que reemplazara como agente fiduciario al BONY, para depositar el dinero que les corresponde a los bonistas y así abrirles la posibilidad de que soliciten su giro desde Buenos Aires. Esta operación evitaría nuevos bloqueos por parte del juez Griesa.
A fin de obtener mayor consenso el oficialismo incorporó en el artículo 7 del proyecto a Francia como segunda plaza de pago, lo que apunta a atraer el interés de los inversores europeos.
Como cambios adicionales se impulsó en el artículo 12 la creación de una "Comisión Bicameral de seguimiento de origen y pago de la deuda externa" y la eximición del pago de impuestos sobre los fondos depositados en la nueva cuenta (artículo 14).
Aníbal Fernández remarcó que el dinero en dólares depositado en Buenos Aires será de "libre disponibilidad" para los acreedores, con lo cual no se verán afectados por los efectos del cepo cambiario. El ex jefe de Gabinete defendió el objetivo de la iniciativa oficial a partir de considerar inadmisible la sentencia de la Justicia de Estados Unidos y dirigiéndose a sus pares de cámara los incriminó: "Si no votan la ley, acompañan la gestión de Griesa".
El jefe del bloque de senadores por la UCR, Gerardo Morales, sostuvo que "llegamos a esta situación por impericia, porque hay un fracaso de la gestión económica, realmente falló la diplomacia, falló la gestión económica y falló la gestión financiera".
"Hay que tener cuidado con Aníbal Fernández, porque cuando te descuidás te enrolla la víbora", dijo el legislador jujeño para rechazar los argumentos que dio el senador kirchnerista para sostener la iniciativa.
Por su parte, la senadora nacional por el PRO Gabriela Michetti sostuvo que el Gobierno envió este proyecto al Congreso porque después de "haber manejado de modo inconsulto las negociaciones" por la deuda "ahora necesita de la complicidad" del Congreso para "llevar al país a un default total".
En los primeros instantes de la sesión, la senadora radical por Mendoza Laura Montero calificó el proyecto como "inadmisible" y se quejó de la actuación del oficialismo porque "ahora que estamos con la soga al cuello quieren soluciones mágicas".
A su vez, el senador por la UCR Ernesto Sanz consideró que resulta innecesaria la aprobación de la ley dado que los principales puntos que impulsa podrían establecerse por decreto.
Solanas cuestionó la inacción del Gobierno desde que se conoció el primer fallo de Griesa: "Si el fallo de Griesa es de 2011 ¿qué esperaron durante dos años?, se preguntó el legislador porteño y afirmó que "estamos ante una propuesta que cuando el barco se hunde o el enfermo se está muriendo pide salvavidas. Le pide salvavidas al Congreso que difícilmente en estas poquitas semanas lo pueda resolver".
