Carlos Manolenta Menem recibió ayer los saludos por cumplir 84 años en el mismo momento en que se enteraba de que sus bienes eran embargados por la suma total de $ 10 millones. En una decisión que se conoció recién hoy, la Cámara Federal ratificó el embargo al patrimonio del ex mandatario por la supuesta venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina en la década del 90.
En una resolución de menos de dos carillas, firmada ayer, los camaristas de la Sala Segunda Horacio Cani, Eduardo Farah y Martín Irurzun confirmaron la resolución del juez federal Sergio Torres "por cuanto fijó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de diez millones de pesos".
Para convalidar esa medida, los magistrados evaluaron que "la maniobra -suficientemente acreditada en el marco de esta instrucción- tuvo consecuencias, efectos y perjuicios de índole económica que afectaron al patrimonio estatal en grados importantes".
El delito por el que está acusado Menem cuenta con penas de reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, según el Código Penal. Los magistrados que confirmaron el embargo son los mismos que ya procesaron a Menem y a su ex ministro de Economía Domingo Cavallo a principios de año por la supuesta "venta fraudulenta" del predio ferial de Palermo, propiedad del Estado nacional, a la Sociedad Rural Argentina, en 1991.
"Las pruebas reunidas indican que todos los imputados tomaron parte en una operación ideada conjuntamente, mediante la cual se sorteó la necesaria intervención del Congreso -y de entes cuya opinión no fue requerida- y se acordó un precio vil para la enajenación", señaló aquel fallo.
La venta se habilitó con la firma de Menem y Cavallo del decreto 2699 del 20 de diciembre de 1991, mediante el cual el Ejecutivo autorizó que "el Estado nacional venda el predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina" (14 hectáreas ubicadas frente a Plaza Italia) por 30 millones de dólares, a pesar de que el valor de mercado era de 131.800.000 dólares.
Los camaristas explicaron que "lo relevante aquí pasa, fundamentalmente, porque el autocontradictorio, repentino e inexplicado cambio de criterio respecto de las condiciones necesarias para enajenarlo -que obviamente se tradujeron en menos o nulos controles- coincidió, justamente, con el acuerdo de un precio visiblemente perjudicial para los intereses estatales".
