La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados cerró ayer filas en torno del vicepresidente Amado Boudou y rechazó in limine los siete pedidos de enjuiciamiento en su contra por mal desempeño en sus funciones.
La oposición, en minoría, le endosó el costo político de defender a un funcionario procesado por la Justicia. El oficialismo acusó a la oposición de actuar en tándem con las "corporaciones económicas y mediáticas" para desestabilizar al Gobierno. La oposición le devolvió la gentileza al prometer que insistirá en sus acusaciones contra Boudou.
Fueron tres horas de chicanas, golpes bajos, gritos e ironías subidas de tono. El escenario fue la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja; allí oficialismo y oposición dieron un espectáculo que rozó lo grotesco y en el que primaron las diatribas sobre un auténtico debate político y jurídico en relación con la situación de Boudou, procesado por adueñarse, mediante manejos irregulares, de la imprenta Ciccone Calcográfica.
La presidenta de la comisión, la oficialista Adela Segarra, arrancó el debate con la lectura de un informe que, paradójicamente, cerraba toda posibilidad de discusión. En él se ordenaba rechazar in limine los pedidos de juicio políticos opositores bajo tres fundamentos. Uno, que los proyectos utilizaban "términos imprecisos y potenciales, con menciones vagas e improcedentes". Dos, que un juicio político contra el vicepresidente implicaría una "presión e intromisión sobre otro poder (la Justicia), con el consiguiente riesgo de desequilibrio republicano". Y el tercer fundamento apuntó al "principio de inocencia" que garantiza el Estado de Derecho. A juicio del oficialismo, sólo se puede declarar admisible el juicio político con "una sentencia judicial firme y revisada por la última instancia". El kirchnerismo también criticó a los medios de comunicación que no le son afines: afirmó que "sin sentencia condenatoria firme, ya han condenado al vicepresidente"; que "actúan con imprudencia e irresponsabilidad, generando verdaderos actos de linchamientos mediáticos, prejuicios y odio", y que impulsan "un intento corporativo de desestabilización política".
Los kirchneristas, al rechazar in limine las acusaciones, mandaron los proyectos de enjuiciamiento al archivo. Es decir, anularon las causales de enjuiciamiento que formuló la oposición, por lo que ésta deberá invocar nuevas razones si en un futuro quiere insistir en su embestida legislativa contra Boudou.
La oposición reaccionó indignada ante el informe oficialista. "¡Nunca vi tal grado de desconocimiento de la Constitución nacional!", bramó Elisa Carrió (Coalición Cívica), al insistir en que el proceso de juicio político en el Congreso marcha por un andarivel diferente que el de la investigación judicial. "La Cámara de Diputados puede acusar a un funcionario por mal desempeño aunque no haya causa judicial o, incluso, si un juez lo ha sobreseído", enfatizó.
"¡Carrió nos extorsiona, al igual que la corporación mediática opresora encabezada por La Nación y Clarín, que quieren torcer la voluntad de un gobierno que cuida los intereses nacionales!", respondió la ultrakirchnerista Diana Conti.
"Ustedes están admitiendo que Boudou es culpable, porque si lo creyeran inocente, hubieran abierto el proceso", azuzó el radical Julio Martínez. "¡Lo lamentable es que no tienen agenda política, por eso se suben a la agenda del señor (Héctor) Magnetto (CEO del Grupo Clarín)!", respondió el camporista Andrés "Cuervo" Larroque.
Los diputados Margarita Stolbizer (GEN) y Pablo Tonelli (Pro) buscaron encarrilar la discusión a la cuestión de fondo, lo jurídico. "No hay que esperar una decisión judicial para que el Congreso actúe, porque la Justicia aplica los códigos Penal y Procesal Penal, mientras que nosotros, la Constitución nacional", enfatizó Tonelli.
"La Comisión de Juicio Político debe evaluar políticamente el desempeño y la idoneidad de los funcionarios, más allá de la existencia de un delito penal. En este caso, Boudou incurrió en un cúmulo de irregularidades administrativas y demostró carecer de idoneidad para el cargo", explicó Stolbizer. En el mismo sentido se expresó Claudio Lozano, quien insistió en que el procesamiento de Boudou, que dictó el juez Ariel Lijo, "reúne un conjunto de indicios que indica que la conducta del vicepresidente debe ser investigada".
"Esta comisión no debe evaluar si se cometió o no un delito, sino la idoneidad moral y el buen desempeño de un funcionario. Boudou demostró no sólo falta de idoneidad, sino también insolvencia moral", enfatizó Adrián Pérez (Frente Renovador).
