En una sesión signada por la discusión en torno a la situación del vicepresidente Amado Boudou, el oficialismo en el Senado convirtió en ley el polémico proyecto que limita la responsabilidad del Estado y de los funcionarios al derecho administrativo. Con fuertes críticas de la oposición, los K debieron recurrir a su mayoría para convalidar la iniciativa, con 38 votos positivos y 23 negativos. El texto puntualiza que las disposiciones del Código Civil no se pueden aplicar al Estado de “manera directa o subsidiaria”. Y que las demandas contra el Estado quedarán sujetas al fuero Contencioso Administrativo.
Durante el debate, hubo acusaciones cruzadas. Si bien la oposición rechazó diversos aspectos del proyecto, los principales cuestionamientos giraron en torno la inmunidad civil que, una vez que Cristina promulgue la ley, tendrá el Estado ante un hecho que perjudique a ciudadanos y empresas. Y, tal como había sucedido en noviembre en Diputados, cuando el proyecto obtuvo media sanción, el ejemplo emblemático que sobrevoló la sesión fue el de la tragedia de la Estación de Once. Es que los damnificados de un accidente como el ocurrido hace dos años no podrán reclamarle al Estado y a los funcionarios, sino que deberían accionar directamente contra el concesionario.
Así lo deja en claro el artículo 6 del proyecto, cuando señala que “ el Estado no debe responder ni aún de manera subsidiaria por los perjuicios causados por los concesionarios a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada”.
Esta situación, según la visión opositora, impactará aún más en la falta de control por parte del Estado sobre los contratistas. “Es muy difícil explicarle a la gente que el Estado no va a tener responsabilidad si un contratista hizo mal las cosas”, lamentó Gabriela Michetti, del PRO.
Además, desde el radicalismo, el mendocino Ernesto Sanz advirtió que el proyecto elimina “la sanción pecuniaria disuasiva contra el Estado, sus agentes y funcionarios” y, enérgico, preguntó: “¿Cómo va a hacer el ciudadano de a pie cuando tenga una sentencia contra el Estado para hacerla cumplir?” Actualmente, ante la reiterada demora de los funcionarios en el cumplimiento de las sentencias contra el Estado, los jueces están habilitados a aplicar multas, algo que a partir de esta ley será “improcedente”. Otro aspecto que generó inquietud en la oposición es que la iniciativa no contempla el daño moral y el lucro cesante en las indemnizaciones.
A su turno, Magdalena Odarda, del interbloque FAP-UNEN, sostuvo que “se va a terminar instalando un sistema injusto y desequilibrado entre la responsabilidad del Estado y las que se les imputan a los particulares”. Y consideró que el proyecto “establece impunidad porque busca eludir el eventual perjuicio económico que muchas veces recae sobre el bolsillo de los funcionarios”. En esa misma línea, el fueguino Jorge Garramuño calificó de “inadmisible” el “otorgamiento de impunidad a los funcionarios”.
En su discurso de cierre, Marcelo Guinle (FPV-Chubut) rechazó los cuestionamientos y apuntó contra los medios al indicar que el “proyecto está informado de manera sesgada”. “Se dice livianamente que el Estado está blindando su irresponsabilidad y la de los funcionarios. Eso es falso”, aseguró.
La responsabilidad del Estado estaba contemplada dentro del anteproyecto de Código Civil elaborado por la comisión redactora encabezada por el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, pero el oficialismo decidió enviar al Congreso una ley aparte. Las diferencias dentro del propio oficialismo por las concesiones que el Gobierno hizo a pedido de la Iglesia paralizaron el tratamiento de ambos proyectos. Ayer, se aprobó el de responsabilidad del Estado. ¿Avanzará ahora en Diputados con el Código Civil?
