La Justicia federal imputó ayer al ministro de Economía, Axel La Joven Guardia Kicillof, e impulsó así una investigación sobre el acuerdo entre el Gobierno y Repsol por el que la Argentina pagará una indemnización millonaria a la empresa española tras la expropiación de la petrolera.
El fiscal Guillermo Marijuan dictó la medida ayer. Marijuan también imputó al presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Daniel Eduardo Martín, y al presidente de la sala Ad Hoc YPF del mismo tribunal. No descartó que, a partir de “nuevos elementos de prueba”, surjan más imputados en el expediente. La Justicia deberá investigar si la empresa fue correctamente tasada o si los informes fueron manipulados para terminar pagando lo que se había acordado extraoficialmente con Repsol.
La causa se inició a partir de una denuncia del senador Fernando Solanas en la que alegó que en las negociaciones entre el Gobierno y Repsol “no se tuvieron en cuenta los reales valores de la empresa, sino que se acordó una suma que fuera conveniente para los intereses de la petrolera española”. Para el senador, “el Tribunal de Tasaciones efectuó su informe para adecuar la tasación a lo acordado previamente por Kicillof” y Repsol. También resaltó que, “en apenas veinte carillas, se haya podido efectuar la valuación de una empresa de la magnitud de YPF, estableciéndose valores que no se acredita de dónde surgen”. El Tribunal analizó 5.163.874 bienes de la petrolera en todo el territorio nacional.
El fiscal solicitó al juez Rodolfo Canicoba Corral que pida a la Cámara de Diputados copia del proyecto de ley aprobado por el Senado para el pago de la indemnización a Repsol, toda su documentación anexa y la totalidad de la documentación sobre la tasación de los bienes de YPF SA e YPF Gas. Además, el Ministerio de Economía deberá enviar a la Justicia la totalidad de las actuaciones administrativas relacionadas con el convenio celebrado con Repsol tras la expropiación del 51% de las acciones de YPF.
Cuando el Congreso expropió YPF, se estableció que el monto fijado para indemnizar a los españoles sería fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Tras las negociaciones entre el Gobierno y Repsol para lograr un acuerdo, en noviembre trascendió que se había acordado una indemnización de US$ 5 mil millones. Solanas sostiene que entre la documentación que el Tribunal de Tasaciones envió al Senado había tres documentos: en uno se tasaba YPF Gas en más de US$ 67 millones; en otro, se consignaba una tasación de YPF SA de casi US$ 5 mil millones; y en un tercer documento constaba que el Tribunal “considera que el valor a acordarse en justo y razonable a todos los efectos del avenimiento del Convenio”.
