La Cámara Federal de Casación resolvió que siga adelante la investigación al vicepresidente de la Nación Amado Boudou en la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica. El fallo fue de la sala IV del máximo tribunal penal del país, que rechazó un recurso de excepción por falta de acción presentado por la defensa del funcionario. Esto es así porque la sala IV de Casación declaró "inadmisible" el recurso presentado por la defensa de Boudou, en una decisión tomada por mayoría con los votos de Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. En disidencia votó el camarista Mariano Borinsky. Estos mismos magistrados ya habían rechazado otros intentos del vicepresidente de declarar nula parte del caso Ciccone.
Boudou tiene un pedido de declaración indagatoria formulado por el fiscal federal Jorge Di Lello al juez que lleva la causa Ariel Lijo . De esta forma, la investigación sobre la supuesta intervención del ex ministro de Economía para levantar la quiebra de la ex imprenta calcográfica y ponerla en manos de amigos suyos seguirá adelante. En abril pasado, Boudou había presentado un escrito ante la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte Suprema, en el que advirtió que no cometió ningún delito y pidió el cierre del caso.
El atajo legal que presentó el vicepresidente para ser sobreseído de la causa se denomina "excepción por falta de acción". La defensa del ex titular del Palacio de Hacienda planteó que no existen pruebas suficientes para acusarlo de negociaciones incompatibles con la función pública u otros delitos y que se vulneró la garantía de la que goza todo imputado de ser juzgado en un plazo razonable. Ese recurso ya había sido rechazado en primera instancia por el juez federal Ariel Lijo, que investiga a Boudou, y por la Cámara Federal, que instó a que cuanto antes se decida si el vicepresidente cometió o no delito. La defensa del vicepresidente apeló y el tema llegó a la Cámara de Casación Penal.
Boudou argumenta que no hizo nada que sea considerado delito por el Código Penal. Admitió haber respondido una consulta que le hizo el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sobre dar facilidades a la ex Ciccone para pagar sus impuestos atrasados. En esa nota, Boudou le apunta a la AFIP que "sustancie" el pedido según sus atribuciones y le recuerda que "permitir la continuidad de la empresa" está dentro de la política del Gobierno de mantener las "fuentes de trabajo" en una empresa de esa "importancia estratégica". Según el ex ministro de Economía, haber suscripto esa nota no evidencia el delito de interesarse de manera indebida por la firma, como sostiene el fiscal de la causa Jorge Di Lello.
Además, el abogado de Boudou, Diego Pirota, destacó que los peritajes descartaron que hubiera fotos de Boudou con Alejandro Vandenbroele, que manejó Ciccone hasta su estatización y negó conocerlo. Sostuvo que fue ajeno a la suma de dinero colocada para salvar a la ex Ciccone y que hasta apareció un dueño de esa plata, Raúl Moneta, que la reclama. No mencionó el relato de la ex esposa de Vandenbroele que lo identificó como el testaferro de Boudou. Tampoco mencionó que Vandenbroele vivió en un departamento de Puerto Madero que es de propiedad de Boudou.
El abogado del vicepresidente reconoció que la familia Ciccone, cuando declaró ante Lijo, dijo que se habían visto con Boudou, que les había señalado que trataran el asunto a través de su amigo José María Núñez Carmona, pero el abogado desestimó estas declaraciones al señalar que otros testigos los desmintieron. También se apoyó en que los Ciccone fueron considerados imputados por el fiscal Di Lello, que pidió sus indagatorias como sospechosos del mismo delito por el que el funcionario pidió indagar al propio Boudou.
