La confirmación oficial llegó después de que el matutino dejara trascender que Liuzzi, en su intimidad, reconocía que “la Presidenta no puede pagar este costo político por mi culpa”. Además de haber recibido un duro golpe esta semana, cuando la Cámara Federal decidió reabrir una investigación por su presunto enriquecimiento ilícito.
Varios funcionarios consultados desconfiaron de la versión de su renuncia. Recordaron un viejo estilo de la política: el propio Liuzzi podría haber hecho circular esa versión para que –tal como sucedió– la propia jefa de Estado ordenara ratificarlo en su cargo. Tendría una doble intención: protegió su cargo y blindó a Zannini de las crecientes críticas que suma desde La Cámpora.
Además, Liuzzi sabe que el Gobierno suele ratificar en su cargo a todos aquellos señalados por Clarín.
Sin definiciones, el segundo de Zannini viajó este fin de semana, junto a su mujer, a Punta del Este, un destino que frecuente hace muchos años, para intentar tomar distancia del escándalo.
La renuncia no fue aceptada hasta ahora por la Presidenta, pero sigue a su disposición. La decisión de la Sala II de la Cámara Federal, el miércoles pasado, de reabrir la causa por supuesto enriquecimiento ilícito fue un golpe muy fuerte, e inesperado para Liuzzi. La noticia aceleró la definición sobre quién ejercerá su defensa en Comodoro Py. No es un dato menor, teniendo en cuenta el impacto que tienen determinados abogados y estudios en las causas de corrupción.
La Justicia investiga si se enriqueció de manera ilegal desde su ingreso al kirchnerismo, en 2003. También fue denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans a raíz de una investigación de Clarín que reveló sus contactos con la consultora Adconsa, con contratos en la Secretaría Legal y Técnica desde 2006 hasta la actualidad. El escándalo salpica de lleno a Zannini, quizás el único funcionario de peso que venía “invicto” dentro del Gobierno. El funcionario dio a entender que es una maniobra de un sector del PJ contra su posible candidatura presidencial. Y aprovechó para levantar el perfil en las últimas semanas. En la intimidad, Liuzzi asegura que las denuncias son parte de “una campaña en su contra” de empleados y ex empleados de la secretaría. “Yo laburo todo el día y pretendo que todos hagan lo mismo, pero en el Estado están acostumbrados a otra cosa”, se queja el funcionario por estas horas.
Liuzzi entiende que las denuncias sobre su crecimiento patrimonio son injustificadas. No es lo mismo que opinan en la Casa Rosada. La polémica no es nueva: arrancó en 2012, luego de una investigación de Perfil.com, que puso la lupa sobre sus declaraciones juradas y detectó un aumento de 38 veces entre 2003 y 2011.
El funcionario cree que también “actuó bien” cuando llamó a Oyarbide para avisarle que policías de la DIFOC le estaban pidiendo coimas a su amigo Guillermo Greppi, el dueño de la financiera Propyme. “Lo denuncié ante el juez de la causa, ¿qué más podía hacer?”, se excusa. Esa será la línea argumental de su defensa en la causa por encubrimiento que investiga el juez Luis Rodríguez.
No es el tema que más le preocupa. En orden de prioridades aparece su relación con Gustavo Benvenuto, dueño de Adconsa. La firma, que comparte dos socios con su constructora, funciona como un Ente Cooperador, una figura creada durante el gobierno de Alfonsín que permite que el dinero que percibe el Boletín Oficial y otras reparticiones de Legal y Técnica no ingrese al Tesoro nacional. Hay solo dos empresas que gozan de ese privilegio. La otra es la editorial La Ley, pero éstá ya estaba cuando Liuzzi llegó al Gobierno. “ El dinero ingresa a un Fondo Cooperado r, se descuentan los gastos, como los 500 empleados que tiene la Secretaría o los materiales que implica la publicación del Boletín, y luego se paga a las empresas”, explicó un allegado al funcionario.
