Y así fue. En las últimas semanas se anunció que la minera dejaría sin continuidad los contratos de unos 1.900 argentinos, entre sanjuaninos y mendocinos, por la imposibilidad de continuar con los trabajos en Pascua Lama. De ese total, 800 corresponden a mendocinos que daban servicio a la empresas.
Al mismo tiempo, los servicios prestados por pymes mineras también de Mendoza será suspendidos hasta nuevo aviso. La condición que le puso la Justicia chilena a la Barrick para continuar los trabajos en la zona que incluye parte de ambos países, tiene que ver con obras de saneamiento y de preservación del medio ambiente.
Así, de rebote, el gobierno de Paco Pérez otra vez debe lidiar con un fuerte problema a raíz de una fallida inversión minera. Hace poco más de un año, la minera brasileña Vale, anunciaba que suspendía por tiempo indeterminado sus operaciones en el yacimiento de potasio Río Colorado, en el sureño departamento mendocino de Malargüe, alegando problemas de inestabilidad de la economía argentina.
Paco peleó por la continuidad de los trabajos, y está en proceso el retiro de la conseción del predio a Vale para que pueda ser explotado o por otra empresa o por el Estado, aunque esta segunda posibilidad es remota. Si bien Paco se cansó de decir que Vale se iba por problemas propios –que a los meses se confirmaron al conocerse una deuda con el fisco brasileño de unos 10.000 millones de dólares-, el gobernador sintió el impacto político de la caída de un proyecto minero de unos 12.000 millones de dólares, y que afectó a su vez no sólo a Mendoza sino a otras provincias.
Ahora las malas noticias llegan desde San Juan, o más precisamente desde Chile, donde a pedido de las comunidades indígenas, la Justicia ordenó la suspensión de las actividades de la minera canadiense. Del lado chileno, está el 65% del yacimiento a explotar, y fue la razón principal por la que Barrick comenzó a reducir personal. En un primer momento, en San Juan, cuando se estaba desarrollando la infraestructura necesaria para la explotación de oro y plata, Barrick llegó a contratar a unos 12.000 empleados.
Paulatinamente fue reduciendo la plantilla a medida que los trabajo iniciales (que son los más intensos) se iban completando. Pero la decisión de no renovarles el contrato a otros 1.900 trabajadores tuvo que ver principalmente con la suspensión de los trabajos del lado chileno. Y Paco otra vez deberá enfrentar las quejas de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Casem, cuyos miembros tenían importantes expectativas con Pascua Lama.
Incluso para los empresarios nucleados en Casem, la situación en San Juan “es una continuidad de lo que ocurrió con Vale”, y destacaron que el sector está pasando por una “grave crisis”.
Pero lo de Barrick no es la única mala noticia que recibió Paco Pérez en los últimos días sobre la cuestión minera. La provincia de Mendoza integra el ranking de las 10 peores jurisdicciones del mundo para realizar inversiones mineras, según difundió el Instituto Fraser de Canadá, a través de su Informe anua 2013, presentado hace unas semanas en la feria Prospectors and Developers Association of Canada (PDCA, en sus siglas en inglés), principal ámbito de discusión para inversores mineros, que se realiza en Toronto.
El detalles es que los especialistas destacan que en Mendoza la minería es prácticamente “ilegal”, según se desprende de la controvertida ley provincial 7.722, que prohíbe la utilización de cianuro y sustancias similares para extraer metales. Esta ley fue aprobada por la Legislatura provincial a mediados del 2011, bajo una fuerte presión de las entidades defensoras del medio ambiente, quienes bregaron con manifestaciones y protestas varias para que se aprobara la norma.
El entonces gobierno de Celso Jaque resistió, entendiendo que las inversiones mineras podían ser una gran oportunidad para Mendoza. Pero a dos meses de las elecciones generales de aquel año, por pedido del entonces candidato a la Gobernación Paco Pérez, el justicialismo aceptó aprobar la norma, como también exigían los radicales. Fue la manera que encontró el actual gobernador para intentar sacarse el mote de prominero que habían instalado las combativas organizaciones en defensa del agua y del medio ambiente por su participación en un estudio de abogados que tenía entre sus principales clientes a importantes mineras internacionales.
A partir de la promulgación de la ley, fueron pocos los proyectos que quedaron en pie en Mendoza, que a su vez se encarecieron considerablemente por los métodos de extracción que quedaron fuera de la prohibición. Uno de ellos fue Vale, en en Potasio-Río Colorado, el que finalmente también fue suspendido. El rankin de los peores sitios para encarar empredimientos mineros se completa, en ese orden, con: Kirguistán, Venzuela, Filipinas, la provincia de La Rioja, Angola, Zimbague, Costa de Marfil, Indonesia y Madagascar.
