Con los cinco votos mayoritarios que tiene en la comisión de Acusación y Disciplina, el kirchnerismo aprobó ayer la versión más benévola para comenzar a investigar en el Consejo de la Magistratura al juez federal Norberto Oyarbide por el allanamiento que admitió haber suspendido por el llamado de un funcionario de la Casa Rosada. La mayoría de la comisión aprobó citarlo por el artículo 11 del reglamento del organismo, esto es notificarlo de la existencia de las cuatro denuncias en su contra por ese tema, presentar abogado, constituir domicilio y ofrecerle la posibilidad de hacer un descargo escrito en los próximos veinte días hábiles.
La decisión fue votada por los diputados Carlos “Cuto” Moreno y Eduardo “Wado” De Pedro, el académico Manuel Urriza, el representante del Poder Ejecutivo, Julián Alvarez, y la senadora santiagueña Ada Iturrez de Cappellini, presidenta de la comisión. La oposición, en minoría, pretendía aplicar la versión más agresiva del reglamento, esto es citarlo por el artículo 20, lo que sería equiparable a un llamado a declaración indagatoria en una causa penal. Por esta última opción votaron el senador radical Mario Cimadevilla y el abogado porteño Alejandro Fargosi, identificado con el PRO. El juez Mario Fera se abstuvo y el también juez Ricardo Recondo se ausentó por estar de viaje, según dijeron fuentes del organismo.
“Ustedes están dilatando este proceso innecesariamente. No sé por qué lo encubren a Oyarbide. Es una vergüenza lo que están haciendo”, dijo Cimadevilla al ver que nuevamente el kirchnerismo demostraba una defensa del polémico magistrado, el más denunciado en el Consejo de la Magistratura, según los consejeros opositores. “Ustedes quieren circo y ya lo tuvieron. Respetemos el debido proceso”, le respondió Moreno en lo que fue prácticamente una réplica de lo sucedido la semana pasada en el plenario del organismo, donde el oficialismo se negó a tratar expeditivamente el tema. Prueba de la importancia que le daba el kirchnerismo al tema es que participó de la sesión el senador neuquino Marcelo Fuentes, quien no integra la comisión. Lo propio hizo el diputado radical Oscar Aguad.
Al igual que la semana pasada, Alvarez y De Pedro, dos miembros de la agrupación juvenil La Cámpora, no hablaron durante la sesión aunque levantaron la mano a la hora de votar junto con los otros tres representantes oficialistas. En contraposición, Alvarez logró una citación por el artículo 20 -lo que la oposición quería con Oyarbide- para el juez federal Claudio Bonadio. Se trata del magistrado que había llamado a indagatoria al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el secretario de Medios, Alfredo Scoccimarro, por un spot publicitario del Gobierno difundido en el programa Fútbol Para Todos (ver página 8). “Oyarbide no es un juez de la ley ni de la Constitución, es un juez del poder. Oyarbide ha garantizado la impunidad del poder político y ahora el poder político está tratando de garantizarle la impunidad a Oyarbide. Es un intercambio de favores”, dijo Cimadevilla tras la sesión. “Una vez más, el voto K se impuso para demorar la investigación sobre el irregular accionar de Oyarbide excusándose en formalismos”, expresó Fargosi, quien denunció varias veces más a Oyarbide por diversos motivos.
La sensación de los representantes opositores es que el oficialismo dilatará la investigación. Igualmente, lograron el compromiso del oficialismo de tramitar diversas medidas de prueba solicitadas. Eso sí, con el requisito de que las pidan por escrito a la titular de la comisión, Iturrez de Cappelini. Entre esas medidas de prueba se encuentran la citación a la comisión para que declaren como testigos ante los consejeros el “empresario” -según se definió al declarar en Tribunales- Guillermo Greppi, su abogado, Fernando Torres, y el subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Luizzi.
Este hombre fue el que llamó a Oyarbide para parar el allanamiento.
