A pesar de que las presiones oficiales comenzaron un año antes, el 29 de enero de 2007 empezó la intervención de facto del Gobierno en el Indec para, en su inicio, falsear los datos procesados, establecer topes a los aumentos de precios mediante el sistema informático y violar el secreto estadístico. Todo con el fin de frenar artificialmente las expectativas inflacionarias. El resultado fue el opuesto. Gracias a números alternativos, hoy puede reconstruirse esa otra bifurcación que el gobierno de Néstor El Furia y Cristina La Muchacha Progre se negaron a tomar. Si Eficacia Moreno no hubiera desembarcado en el Indec, la suba de la inflación oficial acumulada entre 2007 y 2013 habría casi cuadruplicado a la que actualmente informa el cuestionado organismo estadístico, según datos elaborados por la ex directora del área de Precios, Graciela Bevacqua, la primera técnica expulsada del instituto.
Pero el gran contraste surge cuando se cuantifica la diferencia en el rubro Alimentos y Bebidas. Si el Gobierno no hubiera falseado los datos, el aumento del valor de los alimentos se habría multiplicado por seis veces y media en los informes oficiales que distribuye el Indec. La diferencia entre ese apartado medido por el organismo estadístico que aún responde a Moreno y lo que midió Bevacqua es de 549,1% (80% versus 519,3%).
La ex directora de Precios del Indec calculó además los aumentos en los últimos siete años para Indumentaria (219,3%), Vivienda y Servicios Básicos (188,5%), Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (303,1%), Atención Médica y Gastos para la Salud (335,6%), Transporte y Comunicaciones (220,6%), Esparcimiento (396,6%), Educación (404,8%) y Otros Bienes y Servicios Básicos (300,5%).
Vamos bien.
