“Es una situación muy especial”, respondió el juez a diario Perfil. Pero, en este caso, no le cree ni la madre, si es que vive. La Justicia analizará las causas más importantes del juez federal Norberto Oyarbide para rastrear si existieron supuestos pedidos de coimas a imputados. La decisión fue tomada ayer por su par, el juez federal Luis Rodríguez, quien quedó a cargo de la denuncia realizada por un empresario el viernes pasado.
La acusación coincide con testimonios que viene recibiendo diario Perfil, uno de los más independientes del país. Esas denuncias exhiben el mismo mecanismo de recaudación y que apuntan al mismo juzgado. Guillermo Greppi, uno de los hombres fuertes del mundo de las financieras, y su abogado se presentaron el viernes ante el juez Oyarbide para denunciar que la empresa de Greppi habia sido allanada por orden del juzgado y que durante el procedimiento, autoridades de la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (Difoc) pidieron en nombre del “doctor Leiva y de Su Señoría” 2,5 millones de pesos para dejar sin efecto la investigación en contra de la financiera. El “doctor Leiva” es Carlos Leiva, titular de la secretaría número 9 del juzgado de Oyarbide y su mano derecha desde hace años. Se trata del hombre de mayor confianza del magistrado en su juzgado y quien siempre lleva adelante las causas sensibles.
Las historias hablan de lo mismo que denunciaron Greppi y su abogado: supuestos pedidos de dinero para aliviar la situación judicial de un imputado. Fueron relatadas en off the record por sindicalistas, miembros del Poder Judicial, abogados de imputados e imputados, muchos de ellos, pertenecientes al mundo financiero y vinculados a grandes causas de presunto lavado de dinero que investigó el juez: mafia de los medicamentos, Schoklender y los pases de jugadores a traves de la financiera Alhec. En todos esos expedientes intervino la secretaría número 9 del juzgado de Oyarbide y la misma división de la Policía Federal, encabezada por Fabio Ascona.
El juez federal Luis Rodríguez ordenó una medida de urgencia ayer al mediodía, luego de que el fiscal Ramiro González decidiera que se inicie la investigación sobre el supuesto pedido de coima por parte de policía federales en nombre del juez Oyarbide y de su secretario. El fiscal González también ordenó medidas: pidió los legajos de los policías que participaron en el allanamiento que desató el escándalo y las entradas y salidas de los teléfonos celulares y radios Nextel del personal policial. Rodríguez también pidió que declaren todos los empleados de la financiera de Greppi. Ayer el fiscal imputó formalmente a los policías denunciados pero dejó abierta la puerta para que se impute a cualquier otro sospechoso, confirmaron fuentes de la causa.
Rodríguez fue al corazón del juzgado de Oyarbide: solicitó a Asuntos Internos los legajos de cada una de las actuaciones de la Difoc, la división de investigaciónes de la Federal. Se trata de expedientes donde los policías que intervienen por orden de los juzgados deben dejar asentado una especie de resúmen de la causa, de todo lo ordenado por el juzgado y de lo realizado por la División. Una vez que Asuntos Internos entregue esos legajos, Rodríguez analizará la actuación de la Difoc, de la secretaría número 9 y del juez Oyarbide en todas las causas en las que participaron los policías denunciados. Buscará así si existen patrones sospechosos en los procedimientos.
De acuerdo a un relevamiento realizado por Perfil, Ascona y su equipo dirigieron los allanamientos y escuchas telefónicas de las causas de la mafia de los medicamentos, Schoklender y la causa Alhec Tour, en la que se investigó el pase triangulado de jugadores de fútbol. En las tres se investigó supuesto lavado de dinero. En todas se allanaron financieras que movían millones de pesos por orden de Leiva y Oyarbide.
