La medida fue dispuesta ante la posible comisión del delito de evasión tributaria, y se efectuó luego de que La Nación revelara los negocios de Báez con hoteles del matrimonio Kirchner . También se allanó una oficina de la empresa Idea SA, cercana al hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner, que gerencia los hoteles de la familia. En ambos lugares fueron secuestradas decenas de computadoras y cajas con documentación. Los allanamientos a las oficinas de Báez fueron ordenados por el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart, tras una denuncia de la diputada Elisa Carrió y del legislador Fernando Sánchez, quienes acusaron al empresario de evadir impuestos mediante maniobras reveladas en una serie de notas publicadas durante la última semana en la prensa.
Allí se explicó que entre 2010 y 2011, Báez, que controlaba la empresa gerenciadora de los hoteles presidenciales, pagó al matrimonio Kirchner más de $ 14,5 millones por el alquiler de habitaciones a través de siete de sus empresas. El autor de esas notas, el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, declaró ayer ante el juez como testigo, y un rato después se dispusieron los procedimientos. El fiscal penal tributario Alejandro Navas Rial impulsó la acción por evasión fiscal. La hipótesis que se investiga es que se habría producido evasión tributaria entre 2010 y 2011, a partir de abultar los gastos de la empresa, mediante consumos simulados, de modo de disminuir la base imponible a partir de la cual se calcula el monto del Impuesto a las Ganancias.
No obstante, la investigación puede derivar en otros ilícitos como la evasión del IVA. En esta hipótesis, López Biscayart analiza si la firma gerenciadora de los hoteles de la familia Kirchner, Valle Mitre SA, sirvió como emisora o receptora de facturas por servicios no realizados que le habrían permitido generar crédito fiscal a las empresas de Báez, que luego las utilizaron para mejorar las utilidades en sus balances. El requerimiento fiscal de instrucción no limita la investigación a un impuesto determinado. El juez allanó la sede central de la empresa Austral Construcciones, situada en el cuarto y quinto piso del pasaje Carabelas 241. Los policías se centraron durante cuatro horas en el cuarto piso, donde embalaron una decena de cajas. Se llevaron de allí documentación contable, facturas, biblioratos con información en soporte digital, algunas computadoras, papeles de trabajo que hacen a las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias. Los policías cargaron los documentos en cajas de cartón cerradas con cinta de embalar y las cargaron en camionetas.
Cuando los policías llegaron al lugar advirtieron que la empresa además ocupaba el quinto piso, por lo que el juez dispuso fajar el lugar y poner un policía de consigna para regresar en otro momento y terminar el allanamiento buscando documentación en el otro piso. Al mismo tiempo, en forma paralela, el juez allanó la empresa Idea SA, situada en la calle Lima 355. Al frente de la empresa que ahora gerencia los hoteles, luego de que Báez fue desplazado de ese manejo, figura el ex gobernador de Santa Cruz Carlos Sancho, socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria que gestiona las propiedades de la familia presidencial. La policía se encontró con un departamento pequeño, monoambiente, desde el cual se hacían las reservas telefónicas para los hoteles. Los investigadores secuestraron siete computadoras y 3 cajas con documentación. El juez López Biscayart además pidió otras medidas, como toda la información con que cuente la AFIP sobre Austral Construcciones e Idea SA.
Por la mañana, el periodista Alconada Mon debió declarar como testigo poco más de una hora. Se amparó en la garantía constitucional que protege el secreto de las fuentes para no revelar su identidad, pero explicó cómo fue el proceso de investigación que llevó a la publicación de las notas. El periodista explicó además cuáles fueron las hipótesis de investigación que comenzaron a surgir mientras analizaba el material recopilado con seis expertos antilavado, tributarios y contables. El juez López Biscayart está acostumbrado a las causas calientes. Fue él quien avanzó hasta el fondo en el caso Skanska, donde se investigó el pago de coimas en la construcción de un gasoducto. Hasta secuestró una grabación donde un ejecutivo admitió el pago de sobornos. Disputaba la competencia con la justicia federal, que terminó por partir la causa entre corrupción y evasión. El juez Norberto Oyaride se quedó con la parte de la investigación de la corrupción de funcionarios que recibieron la coima y de los empresarios que las pagaron, y el caso terminó en un sobreseimiento después de que la Cámara Federal anulara como prueba la grabación autoincriminante. En el fuero penal tributario, los evasores fueron condenados.
Ahora la historia se repite, pero al revés. Elisa Carrió denunció ayer que estos elementos son los mismos que había pedido en 2008 al juez federal Julián Ercolini, quien tiene en sus manos una causa contra el empresario por la obra pública. Paralelamente, el juez federal Sebastián Casanello investiga a Báez por lavado de dinero. A instancias de la Cámara Federal y tras una denuncia de Carrió, allanó la chacra del empresario en busca de una bóveda subterránea supuestamente desarmada, pero no encontró indicios que confirmaran la denuncia. El diputado Fernando Sánchez de ARI, afirmó: "Un juez avanzó lo que los otros no avanzaron en cinco años. Hizo lo obvio, que es allanar Austral Construcciones. Quienes se beneficiaron de la obra pública terminan pagando el enriquecimiento ilícito. Por primera vez, un juez le entró a la empresa que, por un lado, recibe un beneficio del Estado y, por el otro, paga los contratos a los hoteles de la Presidenta".
