Las banderas se agitan, los militantes ilusos ven la revolución cerca, los clarinetes comienzan a silenciar y un nuevo rumbo cambiará la vida de los argentinos, según los megáfonos nacionales y populares K con Telefónica a la cabeza. Este es el clima luego de la sentencia de la Corte Suprema que determinó la constitucionalidad de los artículos interpelados por el grupo Clarín (art. 41, 45, 48 y 161) de la Ley de Medios, que se referían a la desconcentración y la instransferencia de licencias. La decisión de los tribunales de justicia alentó el relato K bajo la estrella revolucionaria de Martín Sabatella, que ahora comienza a calzarse el disfraz del Che Guevara. Sin embargo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) es transgredida constantemente por el mismo oficialismo al no aplicar ninguno de los artículos vigentes de la ley, teniendo en cuenta que sólo cuatro fueron intervenidos por la justicia. Actualmente funcionarios y empresas de servicios públicos tienen corporaciones mediáticas, así como también no se cumple con la cuota mínima de cine nacional en TV y producción local exigida por el estatuto.
La Corte exigió también que el AFSCA sea un órgano técnico e independiente y aseguró que la adecuacion de los monopolios mediáticos debe ser acompañada con el reparto equitativo de la pauta oficial, porque de lo contario se atenta contra la libertad de expresión. La Ley de Medios fue el resultado de un debate integrado por movimientos sociales, universidades, organizaciones sindicales, pymes y pueblos originarios que establecieron los 21 puntos básicos que conforman la columna vertebral de la LSCA. Los objetivos principales de la LSCA es la desmonopolización de los medios y garantizar el respeto a la diversidad de opiniones para asegurar la pluralidad de voces. Pero la actitud del gobierno ha sido totalmente contraria a la legislación.
La TV pública en vez de ser el canal más plural y diverso del país es, paradójicamente, un instrumento de propaganda político al servicio del establishment con el único fin de justificar los acuerdos vergonzosos con multinacionales, la represión de los pueblos y como un speach que alimenta el discurso de los militantes K. Lamentablemente, estos medios públicos excluyen a quienes piensan distinto y defienden la monopolización del discurso. Justamente, en la actualidad existe la hegemonía de dos discursos que se muestran antagónicos, pero que en el fondo comparten intereses con las principales multinacionales del país como Monsanto, los bancos y mineras como la Barrick. Uno perteneciente al gobierno con los medios estatales y paraestatales como Pagina 12, Spolzki, Moneta, Vila- Manzano, Crónica, Pierri, etc. y el otro al Grupo Clarín. Quienes no son funcionales a estas prensas cipayas, deberán callar y seguir los mandatos National and Pop de Rockefeller, principal accionista de Monsanto, que posee lazos con el gobierno nacional y Clarín. Los resultados de esta concentración queda expuesta claramente en la cobertura de la represión al pueblo QOM, donde ambos bandos callaron ante los asesinatos y minimizaron estos hechos haciendo la vista gorda, puesto que se sospecha que existen fuertes intereses de los pools de soja. Hay que desmonopolizar los mass media tanto en lo referido a la tenencia de licencias, como así también a los relatos constructores de la realidad. En ese sentido, la Ley de Medios tiene entre sus objetivos “la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura” (art. 3). El organismo responsable de hacer cumplir lo anterior es la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual (AFSCA) que hasta ahora poco hizo para poner en vigencia la norma. Además del Grupo Clarín, tampoco cumple con la LSCA el grupo Telefónica que tiene medios audiovisuales y compañías de servicios públicos, prohibido por la normativa. En estos últimos días uno de los accionistas de Clarín, tenedor de la deuda pública y uno de los socios que mejor relación tiene con el oficialismo, adquirió acciones de Telecom Argentina. ¿Se vendrán nuevos negocios con las telefónicas? ¿O el gobierno cumplirá fehacientemente la LSCA?
Además de Telefónica también infringen sistemáticamente la norma Canal 9 y el Grupo Prisa perteneciente a capitales foráneos que conforman más del 30% establecido como techo de participación extranjera en un medio, de acuerdo al artículo 29. Del mismo modo, no se respeta la cuota mínima de cine nacional exigido a los canales de televisión abierta (deben emitir al menos 8 estrenos nacionales al año, ver art. 67) y los porcentajes de producción propia referido no sólo a tv, sino también a los medios radiales (ver Capitulo V: contenidos de la programación). Tampoco se otorgó el 33% de licencias a medios comunitarios y el acatamiento del artículo 121 que plantea los objetivos de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, entre los cuales se encuentra “respetar y promover la pluralidad política, religiosa, social, cultural y étnica”. De esta forma somos testigos de la pluralidad indiscutible del programa 678 con “periodistas militantes” que nos cuestan más de 2 millones de pesos al mes (incluyendo IVA), según los datos publicados por el productor del programa Diego Gvirtz. En San Juan, el incumplimiento es menos sutil.
Daniel Torres, director local del AFSCA, decidió pasar una topadora por encima de la ley, eludiendo los medios que el hijo del gobernador posee y el origen de los fondos con que obtuvo esas empresas. La censura es más que evidente y es acompañada de una degradación institucional general. Este año fueron censurados periodistas que, casualmente, no son obsecuentes ante la secretaría de gobierno, ni adictos a la pauta oficial .Situaciones similares se viven en otras provincias feudales como Chaco, La Rioja, San Luis, Tucumán, etc. Las alabanzas y reivindicaciones a la Ley de Medios no es más que una falacia propia del relato K, porque los amigos del poder gozan de la impunidad ante cualquier infracción a la normativa. Un ejemplo claro de lo anterior es la compra de Cristóbal López del conjunto de medios audiovisuales de Hadad, violando rotundamente la ley puesto que no está permitido la transferencias de licencias de un propietario a otro. El grupo Clarín es el espejo de aquellos conglomerados mediáticos que acompañan al gobierno. Sólo basta ver el caso de Spolski y Moneta. El primero fue expulsado de la AMIA por corrupción y el segundo es uno de los responsables del vaciamiento del Banco de Mendoza, lo mismo se puede decir de Manzano, ex Ministro del Interior de Carlos Menem y uno de los impulsores de la privatización de YPF. Estamos ante el auge de un empresariado en decadencia y que poco interés tiene en construir un estado plural y al servicio del pueblo. Democratizar el espectro audiovisual es una deuda pendiente por los gobiernos y una promesa de la nueva ley que hasta ahora no es más que una tapa de diario, igual que las otras normas progresistas sancionadas durante este gobierno como la ley de Educación Sexual o de Violencia de Género. La pluralidad de voces se hará realidad el día que la TV pública sea un canal plural y heterogéneo ideológicamente y cuando las autoridades del AFSCA sean elegidas por un consejo público compuesto por ONG y movimiento sociales.
Hasta ahora la amenaza más fuerte a la aplicación de la ley son los negocios del grupo Telefónica y el reparto inequitativo de la pauta, que obstaculiza cumplir sus propósitos. Ahora el oficialismo tiene la oportunidad de exterminar a su “enemigo único” y, por lo tanto, con esto perderá sentido el principal instrumento de justificación de la criminalización de la protesta social y el saqueo de los recursos naturales. Con la eliminación de Clarín, los militantes K no tendrán otra alternativa que ver al enemigo real representado por las transnacionales y sus representantes. Es decir, el propio kirchnerismo y su pseudo oposición massista y macrista.
