Fue aprobado con 129 votos a favor, 105 en contra y dos abstenciones. Pese a los cuestionamientos de la oposición, la Cámara de Diputados, en una sesión que duró más de nueve horas, aprobó y giró al Senado el proyecto de ley presentada por el oficialismo. La norma es taxativa: dice que el Estado no puede ser considerado empleador y fija en su artículo 6° que "no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuyan o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada". Macanudo, quedamo así.
La propuesta, que en la votación en general recibió 129 votos afirmativos, 105 negativos y dos abstenciones, recién será tratada en la cámara alta en el período ordinario del próximo año, según lo anticipado la semana pasada por el jefe de Gabinete, Jorge Todo Terreno Capitanich. Entre los puntos más objetados del proyecto está el que establece que "la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios", y agrega que estos últimos serán responsables sólo cuando incurran en dolo y culpa y que el plazo para demandarlos prescribirá a los tres años.
En el dictamen aprobado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General se aclaró que el Estado no puede ser considerado empleador y fija en su artículo 6° que "no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuyan o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada". La diputada kirchnerista Diana Conti ensayó una cerrada defensa del proyecto al asegurar que se está "protegiendo al Estado" por "el interés general y el bien de todos", contra "la ambición depredadora de la industria del juicio o de la patria pleitera que tanto ha agraviado a la Argentina".
Durante la maratónica sesión, la diputada nacional Elisa Carrió fue una de las espadas de la oposición que cargó con mayor dureza contra el proyecto oficial de responsabilidad del Estado al asegurar que es "la ley de autoamnistía para los funcionarios K en retirada", y consideró que "estamos asistiendo al quiebre del derecho". En sintonía, el diputado de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas afirmó que la iniciativa es "un proyecto de autoamnistía", y agregó que es "el espejo de la Ley de Punto Final, en los delitos que tienen que ver con las responsabilidades del Estado".
Otra voz que se levantó contra la propuesta fue la de Stolbizer, quien la consideró como "una mancha contra la historia de este Congreso Nacional" y aseveró que la norma libera a "los funcionarios de cumplir con los fallos judiciales", en caso de irregularidades en sus funciones.
