Cosentino tomó esa decisión al declarar la quiebra de la imprenta por segunda vez desde mediados de 2010, según consta en la copia de la resolución. Rebautizada Compañía de Valores Sudamericana (CVS), la ex Ciccone está intervenida por el Gobierno desde agosto del año pasado, y bajo el control directo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino , y de la jefa de la Casa de Moneda, Katya Daura, funcionaria que responde a Boudou. La nueva quiebra, y su consiguiente inhibición general de bienes, implica otro contratiempo para los planes del Gobierno, que al intervenir la imprenta dijo que a las arcas del Estado no les costaría "ni un peso". Ahora está incluso ante un posible remate de los bienes de la compañía si no hace frente al reclamo de uno de los acreedores, Tecnología del Sur -una empresa de consultoría en sistemas-, por una deuda de $ 2,6 millones.
Para Vandenbroele, en cambio, la orden judicial llegó en un momento singular. En Uruguay, la justicia quiere indagarlo por presunto lavado de dinero después de investigar cómo canalizó fondos a través de la sociedad Dusbel SA, de ese país, con destino al misterioso fondo The Old Fund, según confirmaron fuentes tribunalicias en Montevideo. Con ese objetivo, hace un mes se envió un pedido a Buenos Aires, del que todavía no han recibido respuesta alguna. El 5 de este mes, por su parte, Cosentino también designó a Martín Stolkiner síndico de la nueva quiebra, dados los conocimientos del voluminoso y complejo expediente original del concurso que acumuló durante los últimos años. Dos días después, el juez también sorteó al martillero Alfredo Ezequiel Bollon, que, llegado el caso, deberá liquidar activos de la imprenta hasta honrar las deudas.
Para Cosentino, decretar la quiebra de la ex Ciccone implicó repetir una orden que ya había impartido tres años atrás. El 15 de julio de 2010 ordenó la misma medida luego de que el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, se presentó en su despacho para expresarle el interés del Gobierno en que tomara esa decisión. Aquella irrupción de Echegaray en el caso resultó llamativa por varios motivos. En primer lugar, los memoriosos de Tribunales no recuerdan que hasta entonces algún titular de la AFIP haya pedido personalmente por la quiebra de una empresa. También, porque poco después del desembarco en la imprenta del fondo The Old Fund y de Vandenbroele , el organismo dio su "expresa e incondicional conformidad con el levantamiento de la quiebra".
Aquella vez, Cosentino autorizó el levantamiento pretendido por Vandenbroele, pero dejó asentada su sorpresa ante el contradictorio proceder de Echegaray. En su resolución consignó que resultaba "cuando menos llamativa" la actuación del ente recaudador. Tres años después, Cosentino dio varios pasos sobre la ex Ciccone. A fines de septiembre pasado determinó que la ley de expropiación que impulsó el Gobierno viola, al menos de manera parcial, la Constitución, al igual que el "convenio de avenimiento" para compensar la indemnización con la deuda por 275 millones de pesos que la imprenta acumulaba con la AFIP. La decisión de Cosentino provocó una ola de apelaciones cruzadas, con recursos presentados por los abogados del Estado, el síndico, Vandenbroele -en nombre de The Old Fund- y de la familia Ciccone, y que la Cámara del fuero deberá resolver.
Cuestión de límites
Mientras tanto, Cosentino dio otro paso ante el reclamo de Tecnología del Sur SA. "En atención a las constancias y estado del presente proceso, de conformidad con lo peticionado", dispuso, "decrétase la quiebra de Compañía de Valores Sudamericana", y emplazó hasta el 5 de febrero próximo para que otros potenciales acreedores de la imprenta presenten sus reclamos. La quiebra conllevó toda una batería de medidas. Entre otras, la inhibición general de bienes de la imprenta -por lo que el Gobierno no podrá disponer de sus bienes sin autorización judicial-, como también la "inhabilitación del directorio de la quebrada", es decir, de Vandenbroele y la familia Ciccone. Sin embargo, Cosentino sí tuvo una deferencia hacia la Casa de Moneda. Como continúa con la impresión de billetes de 100 pesos en la imprenta, consideró que "no procede disponer la clausura del establecimiento". Peor suerte corrió Vandenbroele como último titular de la ex Ciccone. El juez ordenó "disponer la interdicción de salida del país del presidente del directorio de la fallida, quien no podrá ausentarse sin previa autorización del tribunal". Eso recién cesará "en forma automática" en mayo de 2014. "A fin de asegurar su cumplimiento", añadió el magistrado, "comuníquese al Registro Nacional de Aptitud Migratoria, dependiente de la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior de la Nación". La orden, que se plasmó en un oficio librado al Gobierno, implica que saltará una alerta si Vandenbroele se presenta en alguna frontera e intenta salir, por aire, tierra o mar, del país.
Complicaciones para el gobierno
El presunto testaferro de Boudou no podrá viajar al exterior. En septiembre del año pasado se lo vio salir del restaurante porteño Museo del Jamón, en una de las últimas veces que apareció en público. El juez comercial Javier Cosentino decidió prohibirle a Alejandro Vandenbroele la posibilidad de salir del país hasta el 5 de mayo próximo. El magistrado también decretó una nueva quiebra sobre la ex Ciccone, que el Gobierno decidió intervenir mediante una ley. La quiebra complica los planes del Gobierno, ya que podría derivar en el remate de los bienes, que fueron expropiados por el Estado. La medida fue adoptada por un reclamo de Tecnologías del Sur, una consultora en sistemas, que exige una deuda de $ 2,6 millones. En un gesto a la Casa de Moneda, el juez Cosentino evitó ordenar el cierre de la imprenta, donde aún se imprimen billetes de 100 pesos. En su primer fallo de quiebra, Cosentino había recibido un inusual pedido en ese sentido del jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray. Los muchos puntos oscuros de este caso emblemático del paso de Boudou por el poder podrían comenzar a salir a la luz si la Justicia avanza en la causa.
