Los distintos gobiernos democráticos que transitaron por el sillón de Rivadavia, presidente que solicitó el primer empréstito, fueron grandes devotos de su legado: la Deuda Pública. De esta forma CFK pretende continuar con esta tradición, legitimando una deuda manchada de irregularidades y que fue denunciada en los ´80 por el patriota Alejandro Olmos, quien evidenció la gran estafa al pueblo argentino. La hipocresía del relato oficial con la política de desendeudamiento quedará sepultada en los manuales de zonceras argentinas, ya que el estado tiene obligaciones en bonos hasta el año 2045.
La deuda externa es un flagelo que acompaña al país desde cientos de años y que aún perdura. La hegemonía k pretende instalar que argentina ha logrado la independencia económica gracias a la renegociación del 70 % de la deuda, pero ésto no es más que una decisión que patea la pelota para más adelante. Los compromisos públicos se pagaron a través de bonos emitidos que fueron adquiridos por el Anses, el BCRA y entidades financieras que aprovecharon la oportunidad, en los Canjes de 2005 y 2010, para especular con el futuro del país. Entre los bancos acreedores se encuentra el City Bank, Deutsche Bank, Galicia, Banco Santander, HSBC, etc. El año pasado se destinaron más de 11 mil millones de dólares al pago de la deuda, dinero suficiente para restituir el sistema ferroviario con sus respectivos talleres e impulsar un plan para levantar escuelas y hospitales en todo el país.
La transferencia de divisas al exterior, producto del endeudamiento, ha sido extraordinaria: desde el 2002 hasta la actualidad se han trasferido más de 173.733 millones de dólares y desde el año 1987 hasta el 2001 se abonó una suma de 218.174 millones de dólares. Una verdadera estafa que se pone de manifiesto con la actual política de “desendeudamiento” donde el país a este ritmo, seguirá desangrándose por algo que no le corresponde.
Pese a lo expuesto nada demuestra signos de cambios en las decisiones gubernamentales. El oficialismo, pretende contribuir con los fondos buitres reabriendo el canje de la deuda a los capitales que quedaron fuera de los anteriormente realizados en 2005 y 2010. Nuevamente se priorizan los intereses externos y se posterga el desarrollo nacional, culpa de las marionetas cipayas que nos gobiernan. En este aspecto, los abogados que representan al estado argentino no defienden los intereses del pueblo, pero son excelentes manager del FPV. Alejandro Olmos Gaona, especialista en la temática, expresa al respecto: “Un hecho no menor, es que los abogados que supuestamente defienden a la Argentina (Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton), están vinculados a los grupos financieros más importantes como el Citibank, y fueron contratados originalmente por el Presidente Menem, participando en todos los procesos de canje del Brady y de emisión de bonos soberanos de la década del 90. Ecuador, al tener conocimiento de quiénes eran, prescindió de sus servicios en el año 2008”. Con esto nos queda claro por qué el gobierno nacional es un pagador serial que se niega a realizar una investigación de la deuda pública (tal como lo hizo Ecuador donde se le reconoció un 70% de la deuda) para separar lo ilegitimo de lo legitimo, teniendo en cuenta que una gran porción de los compromisos es privada y fue contraída en una dictadura militar. De este chantaje también son cómplices otros partidos políticos como la UCR, el PRO y el revolucionario Nuevo Encuentro con el banquero Carlos Heller a la cabeza.
Cabe destacar que pese a todas las reestructuraciones realizadas, la deuda pública aumentó considerablemente en los últimos años: de acuerdo a datos oficiales en el año 2004 el monto superaba los 180 mil millones de dólares y ahora supera los 197 mil millones (equivale a un 44.9% P.B.I.). Esto excluye la deuda del Banco Central y de las provincias como San Juan que solicitó un préstamo de U$S 60 millones al Banco Mundial y tramita otro por U$S100 millones con el Fondo de Kuwait. Otro argumento que afianza el mal camino escogido por CFK. El tiempo dedicado a las pantomimas mediáticas podría invertirlo en revisar el fallo del juez Ballesteros en el año 2000, que declara como ilegítima y claramente ratifica la inmoralidad de la liquidación de los fondos públicos en la deuda externa. Además numerosas empresas fueron imputadas por peritos del Banco Central de acciones fraudulentas con esta problemática como Renault, Soca (del Grupo Macri), papelera Rio Paraná, entre otras. Por eso mismo, el canje de la deuda será un nuevo episodio de traición en la historia nacional.
