Por E. Simón
La Corte de San Juan promovió a 102 abogados. En 2001 fijó que debía hacerse por concurso, pero volvió a violar el sistema y se garcaron en todos los sanjuaninos. Sucede también en el PAMI, donde mamás nombran a sus hijas en cargos plantas permanente, en la Municipalidad de la Capital, donde Papá secretario de Planeamiento hace nombrar directora del Teatro Municipal a su hija progre, hijas de jueces nombradas en Tribunales, hijos de diputados asesores de Papá Peto, y en Dirección de Tránsito, donde también se ha nombrado parentela. Hubo una marcha de Unión Judicial para protestar por la injusticia. Familias enteras han tomado a la democracia como botín de guerra y se reparten los cargos. Quizá algún día haya un gobierno decente que juzgue estos nombramientos rayanos con la corrupción endogámica y les hagan devolver el importe de todos los sueldos cobrados deshonestamente. ¿Será? Mientras tanto hay gente hipócrita y cómplice que los defiende.
Aunque la Carta Magna no obliga a que los ascensos en el Estado sean por concurso, en 2001 los miembros de la Corte de Justicia tomaron la iniciativa de transparentarlos y por acordada se autoimpusieron hacerlos por esa vía. No obstante, aduciendo razones de urgencia, esta semana esquivaron el sistema y promovieron una inédita cantidad de abogados a cargos superiores sin más que la propia discrecionalidad. No es la primera vez que se apartan de lo que ellos mismos firmaron: en los últimos años hicieron decenas de designaciones de personal a dedo, aún cuando para esos casos la Carta Magna sí obliga a realizar concursos. Así lo informó Diario de Cuyo hace unos días.
La nota de Diario de Cuyo explica que los ascensos salieron por acordada el jueves, pero recién se conocieron ayer. Los cortistas consignan en la misma el nombre de los 102 abogados beneficiados y argumentan que “existen numerosas vacantes... específicamente en lo referente a funcionarios, lo que amerita realizar las promociones con el objeto de una mejor prestación del servicio de Justicia”. En Tribunales aseguraron que es la primera vez que se aprueban tantos ascensos juntos. Para hacer la selección de quiénes subían y a qué cargo, el máximo tribunal mandó a pedir los antecedentes de todos los abogados y evaluó antigüedad, capacitación, asistencia y contracción al trabajo, entre otras cosas. Pero no hubo ninguna prueba objetiva de idoneidad y todo quedó reducido a una decisión discrecional.
Lo curioso es cómo los cortistas fundamentan haberse apartado de la acordada de 2001, en la que establecieron un régimen para que las designaciones y los ascensos se hicieran únicamente por concurso. Esta vez dicen que “a la fecha deviene necesario hacer una excepción al mismo, fundamentalmente por razones urgencia y de servicio”. ¿Por qué curioso? Porque la mayoría de las vacantes en cargos de funcionarios datan del año pasado, por lo que tuvieron tiempo suficiente para preparar los concursos en lugar de apelar a movidas “urgentes” que supuestamente justifican las promociones a dedo.
En 2009 ya habían hablado de cuestiones de urgencia, como forma de explicar las 39 designaciones que hicieron en forma silenciosa y sin llamar a concurso. La gran mayoría de los ingresantes era amigo o pariente de encumbrados funcionarios judiciales y desde la Corte aclararon que eran interinos. Cuando el escándalo salió a la luz, desde el segundo piso de Tribunales prometieron corregir la situación. Sin embargo, con el tiempo y apostando a que la polémica se iba a desinflar, se las arreglaron para dejar en planta permanente a los nuevos empleados.
Con aquellos nombramientos, la acordada en cuestión también quedó olvidada en un cajón. El agravante fue que no se respetó la Constitución provincial, que en su artículo 45 dice que “el acceso a los cargos públicos está sujeto a la realización de concursos”. En el listado de antecedentes hay otros hechos más que derivaron en escándalo, porque los ingresos parecieron estar reservados sólo para los acomodados. Uno fue en 2005, cuando la Corte llamó a concurso y se supo que de antemano se filtraron las preguntas del examen para favorecer a algunos bendecidos.
Dentro de poco se espera que se cubran cerca de 100 vacantes y si bien la Corte viene diciendo que lo hará por concurso, el antecedente inmediato abre el interrogante de si aplicará la postergada acordada. Lo mismo que en el caso de los ascensos que reclama la Unión Judicial en el escalafón administrativo. De todos los abogados que fueron promovidos, 24 pasan a ser secretarios de primera instancia y 10 secretarios de Cámara. Irán a cumplir funciones en los organismos que más desprovistos estaban de funcionarios, lo que había desatado quejas de los jueces.
