El nuevo presupuesto presenta una desaceleración de las partidas discrecionales. Muchos gobernadores naciondependientes está preocupados. Además vencen plazos del plan de desendeudamiento.
En el penúltimo año de gestión de la presidenta Cristina Kirchner, el gobierno nacional se dispone a aplicar un fuerte torniquete fiscal a los gobernadores propios y ajenos, que así quedarán expuestos a una mayor dependencia del poder central.
Esto se desprende del proyecto de presupuesto 2014 , el cual prenuncia una brusca desaceleración en el flujo de los recursos discrecionales para las provincias, que del año pasado al actual habían aumentado un 45,4%, pero que para el próximo ejercicio sólo subirán un módico 10,5%. Esta cifra, que apenas alcanza la inflación oficial, tendrá también un impacto en la reducción de obras públicas y en el reparto de los fondos nacionales.
Pero lo que más desvela a los gobernadores es que a partir del año próximo deberían retomar el pago de la millonaria deuda que mantienen con la Nación, calculada en unos 65.000 millones de pesos. En efecto, en diciembre próximo vencerá el período de gracia otorgado en el Programa Federal de Desendeudamiento de las provincias que se instrumentó en 2010. El proyecto de presupuesto no hace mención a una nueva prórroga, por lo que los mandatarios provinciales más complicados deberán peregrinar a la Casa Rosada para negociar un alivio financiero.
Esto parece ser lo que pretende el gobierno nacional para evitar que se les licue el poder en los últimos años del mandato de Cristina Kirchner. El temor del kirchnerismo es una reedición de la llamada "liga de gobernadores" que, desde el peronismo, condicione al Gobierno y a la sucesión presidencial. Por eso, nada mejor que la chequera y la negociación individual para desbaratar cualquier maniobra de acción colectiva.
En rigor, no es la primera vez que el Gobierno les cierra el grifo de los recursos nacionales a los gobernadores. Ya lo había hecho en 2012 -un año no electoral-, cuando las provincias se convirtieron en la variable de ajuste de un gasto público que amenazaba con derrapar. Sucedería lo mismo el año próximo, pero con un agravante: se suma el pago de las deudas con la Nación de no mediar otra prórroga.
Vale recordar que las provincias no pueden recurrir, como hace la Nación, a las reservas del Banco Central o a los recursos de la Anses para financiarse. Dependen básicamente de la coparticipación y de la recaudación propia (por eso muchas se vieron obligadas a aumentar sus impuestos locales), o bien pueden tomar deuda en el exterior, siempre que la Nación así lo autorice.
Para peor, la concentración de los recursos en manos de la Nación se mantiene inalterable: según la consultora @Fiscal, del economista Walter Agosto, de los 1097millones de pesos que la administración nacional estima recaudar en 2014 en concepto de recursos tributarios y contribuciones, el 74,8% (821.205 millones) corresponderán al sector público nacional. En cambio, sólo el 25,2% (276,1 millones de pesos) se transferirá al conjunto de las provincias principalmente por vía de la coparticipación federal y en menor medida por medio de otras transferencias.
Además de los fondos coparticipables, cuyo reparto es automático -lo que no da lugar a arbitrariedades-, el gobierno nacional gira a las provincias recursos en forma de gastos de capital, en su mayoría para obras públicas, cuyo reparto es discrecional, es decir, varía según el grado de cercanía con el Poder Ejecutivo.
Justamente, en el presupuesto 2014 se observa un freno por demás brusco en estos gastos de capital (ver aparte). En efecto, según consta en el mensaje de la iniciativa, el año próximo las provincias recibirán un 10,5% de aumento respecto del presente ejercicio, índice que apenas alcanza el nivel de inflación oficial, en los últimos años estuvo muy por debajo de la que miden las consultoras privadas.
Pero lo más llamativo es que al final de este año los gobernadores habrán percibido un 45,4% más de recursos que en 2012, ya que para este año electoral el Gobierno previó más fondos para las provincias. Esta desaceleración en los gastos de capital se confirma en la planilla de las obras públicas que figura en el proyecto de presupuesto. Justamente, para el año próximo se prevé una partida de 3861 millones de pesos en este concepto, cuando para este ejercicio se habían presupuestado casi 4600 millones de pesos.
Pero lo curioso es cómo el Poder Ejecutivo reparte los fondos según su discrecionalidad política. Según un informe que realizó el diputado mendocino Enrique Vaquié (UCR), Santa Cruz encabeza el ranking de provincias con mayor porcentaje de gastos de capital per cápita. Además, según el presupuesto 2014, las provincias más cercanas al gobierno nacional (Catamarca, La Pampa, San Luis -cuyos diputados facilitarían el debate del presupuesto este miércoles-, Tucumán y Tierra del Fuego) son las que recibirán un aumento mayor de gastos de capital respecto del año pasado.
Dentro de este panorama sombrío para las provincias, el gobierno nacional les concede un pobre consuelo: suspende por otro año consecutivo las restricciones que impone la ley de responsabilidad fiscal, entre ellas, límites al crecimiento del gasto público, la ejecución equilibrada de los respectivos presupuestos y la imposibilidad de tomar endeudamiento externo para financiar gastos corrientes, entre otras.
Pese a que las previsiones presupuestarias no son auspiciosas para las provincias, los gobernadores oficialistas no se enfrentarán al Poder Ejecutivo. En efecto, los diputados y senadores oficialistas no sólo aprobarán el proyecto de presupuesto 2014, sino también una prórroga del impuesto al cheque, cuya recaudación concentra, en un 85 por ciento, la Nación. La sesión será este miércoles en la Cámara de Diputados. La oposición insistirá en que dicho impuesto debería ser coparticipado de manera más equitativa entre la Nación y las provincias. Será una pelea voto a voto, pero el kirchnerismo confía en su mayoría para mantener las cosas como están, aunque esto perjudique a los gobernadores.
