Con motivo de las comunicaciones del poder ejecutivo de la provincia de San Juan respecto la contratación de un monitoreo ambiental con la ONU, la Fu.C.I. considera lo siguiente:
- Que mientras no se asegure la participación ciudadana, no se cumple con las leyes ambientales nacionales y provinciales y por lo tanto carece de valor ambiental auditoria.
- La política de estado ambiental debe cumplir con la Constitución nacional y provincial que es garantizar “el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente sano y equilibrado”.
- El fiscal de estado interpreta erradamente la sentencia de la corte suprema de justicia de la Nación sobre la denuncia interpuesta por un ciudadano riojano, por la contaminación del río Gualcamayo, haciéndola extensiva a las causas de la FuCi y otros ciudadanos sanjuaninos que se encuentran en otra etapa procesal, como es la solicitud de la corte al jefe de gabinete, requiriéndole información ambiental que no remite desde el año 2009, bajo apercibimiento de arresto y multa.
El comunicado fue firmado por Silvia B.Villalonga, presidenta y Mario Castro Bazán, secretario.
