Lo hizo durante más de un año y luego incluyó esta deuda tributaria en un plan de pagos a 10 años, que licua lo adeudado gracias a una tasa de interés inferior a la inflación. La compra de Petrobras Argentina por parte de López repitió así la estrategia con que la familia Eskenazi, también de estrecho vínculo con el kirchnerismo, ingresó en YPF, cuando pagó a Repsol con las utilidades futuras de la propia petrolera. En el caso de López, acordó pagar en cuotas a 30, 60 y 90 días que solventó, no con las ganancias de la refinería y las estaciones de servicio que recibió el 2 de mayo de 2011, sino con los impuestos que no giró a la AFIP.
López y su socio Fabián de Sousa también usaron el fondeo generado por esos impuestos impagos para financiar empresas del Grupo Indalo, entre otras, la Inversora M&S y Oil M&S, con las que pagaron los salarios en Paraná Metal y completaron la llegada al Banco Finansur y a medios que eran del empresario Daniel Hadad. La maniobra tributaria quedó registrada en los balances de Oil Combustibles, según verificó la nacion. Allí consta que Petrobras entregó la refinería San Lorenzo y sus estaciones de servicio con sus cuentas fiscales en orden. Pero en junio de 2011, apenas un mes después del ingreso de López y De Sousa, el rojo tributario subió a $ 179,9 millones, y saltó a $ 1262,9 millones en junio de 2012, cuando la empresa cerró su último balance.
Desde la compañía confirmaron que la compra de los activos de Petrobras -que se investiga si se completó gracias al pago de sobornos a ejecutivos brasileños- se fondeó con esos impuestos impagos. Pero indicaron que se trató de una maniobra legal y que la empresa se acogió de inmediato a sucesivos regímenes de asistencia financiera (RAF) previstos por la AFIP, para luego unificar esos regímenes en un único plan de pagos cuando el organismo abrió esa opción durante los primeros meses de este año.
Expertos energéticos y tributarios indicaron a LA NACION, sin embargo, que la maniobra jugó al límite de la legalidad y que la cercanía con el poder político tuvo efectos evidentes: el resultado hubiera sido distinto si cualquier otra petrolera hubiera retenido los fondos ingresados por el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC), que debe abonarse en cuatro anticipos y a mes vencido.
"Digamos que si Shell, que está enfrentada con el Gobierno, hubiera intentado eso con sus declaraciones juradas de venta de combustibles, la AFIP habría procedido a embargar sus cuentas hasta cobrar la deuda y, de no haber sido posible, habría suspendido su CUIT y radicado una causa penal contra la compañía, sus directores y representantes legales, empezando por su presidente", argumentó uno de los expertos a los que LA NACION pidió que analizaran los balances de Oil Combustibles.
Según el balance que cerró el 30 de junio de 2012, esa petrolera acumuló un pasivo corriente -es decir que debía abonar en el transcurso de los 12 meses siguientes- por $ 1230 millones en "impuestos sobre los combustibles a pagar", otros $ 19,5 millones en "retenciones a depositar", $ 6,3 millones en "impuestos y tasas municipales" y otros $ 7 millones en otros impuestos, para un total que superó los 1262,9 millones de pesos.
