Estaban condenados uno a perpetua y el otro a 25 años de prisión, pero la complicidad de la custodia que les pusieron, la ayuda del hospital militar y un ingrediente infaltable: el poder político que sigue protegiéndolos, permitió que estos dos caraduras perversos se escaparan. Habían sido condenados en San Juan, en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad, y se escaparon del hospital donde fueron trasladados para hacerse chequeos médicos.
Sin duda fue un plan organizado entre los Servicios de Inteligencia, el poder político de una derecha nostálgica y de los propios castrenses que tenían a su cargo la custodia. El abogado defensor, San Emeterio, les recomendó que no se entreguen.
Los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi se fugaron del Hospital Militar de Marcos Paz, Buenos Aires, donde habían pedido ser trasladados desde San Juan con la supuesta intención de recibir atención médica. Pero ahora se sospecha que todo formó parte de un plan para fugarse, después de que en la provincia fueron condenados Olivera a cadena perpetua y De Marchi a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
Según comunicaron desde el juzgado Federal N°2, los represores habían sido trasladados por el Servicio Penitenciario Móvil que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Por ahora no hay información oficial sobre si en la evasión se usó o no violencia. Ya obra en contra de estas dos lacras un pedido de captura nacional y se notificó a Migraciones para evitar que se vayan del país.
Cabe recordar que Olivera fue el jefe de Inteligencia del RIM 22 durante la oscura dictadura de los años 70, y desde ese cargo actuó como uno de los principales operadores del aparato represivo en la provincia. De Marchi era el jefe de la Compañía Comando. Éste último, hace unos meses, mientras era juzgado por el Tribunal Oral Federal, le dijo al periodista de Diario de Cuyo, Claudio Leiva: “Esto no es una amenaza pero escribí bien, vos tenés familia y en algún momento voy a salir”. El hecho que fue denunciado por el periodista ante la Justicia.
Olivera y De Marchi conservan los beneficios de la obra social de los militares. Como todos los militares, más allá de que ya no están en actividad, se hacen atender en los centros de salud castrenses. Estaban cumpliendo condena en San Juan pero a través del defensor oficial, pidieron turnos para hacerse chequeos médicos en el Hospital Militar de Marcos Paz. El Tribunal Oral Federal les concedió ese beneficio y los dejó escapar como a dos pajaritos que se vuelan de la jaula. Los dos sanguijuelas llegaron hasta la cárcel de Marcos Paz el jueves de la semana pasada y de allí fueron llevados al hospital militar de la zona.
Margarita Camus, una de las víctimas y querellante en el megajuicio, dijo que siente "una impotencia enorme" y adelantó que va a "exigir una investigación porque esto no se logra sin la complicidad del traslado". Finalmente remató: "La sensación de riesgo es absoluta y sentimos temor".
Por su parte, Eduardo San Emeterio, abogado defensor de los militares durante el megajuicio, declaró: "Les diría que no se entreguen porque acá no hay justicia. Ellos han ejercido su derecho a la libertad". Dicho que constituiría una clara apología del delito.
