Las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) sabían que era muy alta la probabilidad de una fuga como la que ocurrió el jueves 25 de julio en el Hospital Militar Central. Hace un año, la Dirección de Inteligencia de esa fuerza elevó un informe a la Dirección Nacional alertado del peligro que implicaba el traslado de los represores condenados por delitos de lesa humanidad a diferentes hospitales. Pero como siempre sucede en este país, le restaron importancia.
“El informe detallaba la gran cantidad de internos por lesa humanidad que se movían fuera de las unidades y la falta de personal”, dijo un funcionario del Servicio Penitenciario que prefirió mantener su anonimato. Ese documento fue redactado en junio del año pasado. Al poco tiempo, la Dirección de Traslados pidió más personal. “La respuesta fue bochornosa: sólo les mandaron a cuatro agentes que se recibieron en la última promoción”, detalló el funcionario.
Quien desoyó todas las alertas y los reclamos internos fue Víctor Hortel, máximo responsable del Servicio Penitenciario Federal. Enterado de la fuga de los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, quienes tienen pedido de captura de Interpol, el funcionario no se salió del manual: presentó una denuncia penal contra los efectivos involucrados y listo, que se arreglen los argentinos. Lamentable.
